Pasaje de transporte público subirá a $3.300 desde enero de 2025, anuncia Metrosinú
A partir del 1 de enero de 2025, el costo del transporte público colectivo urbano en Montería, operado por el grupo empresarial Metrosinú, aumentará $300, pasando de $3.000 a $3.300 por pasaje. Este incremento fue anunciado por Héctor Fraser Arrieta, vocero de la compañía, quien explicó que el ajuste responde al tope máximo permitido por el decreto vigente de 2024 y busca mitigar el impacto del aumento en los costos operativos, como salarios, combustibles y repuestos.
Fraser Arrieta destacó que, aunque Metrosinú logró alcanzar un punto de equilibrio financiero durante los últimos tres meses del año, los primeros nueve meses de 2024 estuvieron marcados por pérdidas económicas. Mantener la tarifa actual, según él, sería equivalente a subsidiar el servicio sin compensación, algo inviable para la sostenibilidad de la empresa.
El ajuste tarifario aplicará únicamente a las rutas de Metrosinú, ya que Monteriana Móvil, la otra empresa prestadora del servicio, no ha anunciado cambios en sus precios.
Metrosinú ha solicitado a la administración municipal realizar un nuevo estudio tarifario que contemple variables como el aumento del salario mínimo, los costos de operación, el mantenimiento y la renovación de flota. Según la compañía, esto es fundamental para definir un valor más acorde con la realidad del servicio en 2025.
El transporte público colectivo en Montería enfrenta importantes desafíos operativos. Entre Metrosinú y Monteriana Móvil, más de 80 vehículos permanecen inactivos debido a la baja demanda de pasajeros y los altos costos de mantenimiento.
Adicionalmente, la implementación del Sistema Estratégico de Transporte Público (SETP), proyectada como una solución para reactivar el transporte formal en la ciudad, no se materializó en 2024, pese a los esfuerzos de la alcaldía, que había solicitado mantener la tarifa mínima durante ese año en anticipación a dicho proyecto.
El anuncio de este incremento tarifario refleja las dificultades económicas del sector y la necesidad de tomar medidas que garanticen la continuidad del servicio, sin desatender el impacto que tendrá en el bolsillo de los usuarios.
