El futuro de las Zonas de Estacionamiento Regulado (ZER) en Montería está en manos del Juzgado Décimo Administrativo del Circuito de Montería, tras culminar los alegatos presentados por las partes involucradas en el proceso judicial que cuestiona la legalidad del contrato de concesión IP-APP-01-2023, otorgado a la empresa Nuestro Espacio Montería SAS bajo la modalidad de Asociación Público-Privada (APP).
Se cuestiona la legalidad del contrato por haberse celebrado sin la autorización expresa del Concejo Municipal, vulnerando el debido proceso constitucional y el derecho de participación ciudadana.
Se alega violación a los principios de moralidad administrativa y defensa del patrimonio público, pues el municipio no habría valorado ni aportado las vías públicas sobre las cuales se aplica el cobro, a pesar de invertir recursos en su mantenimiento.
Se sostiene que la concesión representa una privatización de un patrimonio público vital como las vías de la ciudad, sin la debida transparencia ni participación ciudadana.
La Administración Municipal argumenta que no hubo vulneración de derechos colectivos ni irregularidades en la expedición de la Resolución No. 0350 de 2023 ni en la suscripción del contrato.
Se señala que el contrato es de iniciativa privada y no implica desembolso de recursos públicos, pues las inversiones las realiza el concesionario con recursos propios.
Se defiende que el Concejo Municipal sí facultó al alcalde para celebrar contratos bajo esquemas de APP mediante el artículo 29 del Acuerdo 007 de 2020, que forma parte del Plan de Desarrollo Municipal 2020-2023.
Se afirma que no se ha demostrado afectación real a bienes jurídicos ni vulneración de principios constitucionales.
Las ZER han generado confusión entre los monterianos, pues en algunos sectores se cobra el estacionamiento y en otros no, y la empresa concesionaria no ha dado explicaciones claras sobre la operación.
El contrato, por un valor aproximado de $130 mil millones y duración de 11 años, ha sido criticado por la baja proporción de ingresos que recibe el municipio frente a los beneficios para la empresa privada.
La ausencia de una cantidad clara de parquímetros instalados y la implementación de cepos con altos costos han sido puntos polémicos que han alimentado desconfianza y cuestionamientos sobre la transparencia y el beneficio público del sistema.
Con los alegatos presentados, el juez deberá definir si mantiene la concesión o declara su nulidad, una decisión que impactará directamente en la movilidad urbana, el uso del espacio público y la gestión financiera de Montería. Mientras tanto, la incertidumbre persiste entre los ciudadanos que demandan claridad y justicia en este proceso.
