Anif eleva a $13,4 billones el recaudo del impuesto al patrimonio y cuestiona la solidez de las cuentas oficiales
La propuesta de impuesto al patrimonio para financiar la emergencia económica por las inundaciones abrió un nuevo frente de discusión técnica. La Asociación Nacional de Instituciones Financieras (Anif) aseguró que el recaudo potencial del tributo podría ascender a $13,4 billones, cifra que supera en $5,4 billones la proyección oficial de $8 billones presentada por el Gobierno Nacional.
El pronunciamiento, respaldado por el director del centro de estudios, José Ignacio López, pone en entredicho la precisión de las estimaciones oficiales en un momento de alta sensibilidad fiscal. Según explicó, el cálculo de Anif se realizó con base en información actualizada de la Superintendencia Financiera, la Superintendencia de Sociedades y las Cámaras de Comercio, aplicando las tarifas marginales anunciadas sobre los patrimonios líquidos de las empresas que entrarían en la base gravable.
Una diferencia que no es menor
La brecha de más de $5 billones no es, a juicio de Anif, un margen técnico marginal sino un elemento que debería ser revisado con mayor rigor. Si el potencial de recaudo es sustancialmente superior al estimado por el Ejecutivo, surgen preguntas tanto sobre la metodología utilizada por el Gobierno como sobre el impacto real que enfrentaría el sector empresarial.
El debate adquiere mayor dimensión cuando se analizan los contribuyentes más representativos. En cálculos preliminares citados por el centro de estudios, solo Ecopetrol podría aportar alrededor de $1,4 billones. Si se agregan empresas con participación estatal como EPM, ISA y Grupo Energía Bogotá, el recaudo conjunto en apenas cuatro compañías rondaría los $2,7 billones.
El sector financiero tampoco quedaría al margen. Entidades como Bancolombia, Davivienda y Grupo Aval enfrentarían pagos que, según las estimaciones, oscilarían entre $200.000 y $500.000 millones, dependiendo de la tarifa final. Este escenario, advierte Anif, podría traducirse en mayores niveles de endeudamiento y presiones sobre la inversión.
Impacto estructural en la inversión
Más allá de la cifra puntual, el centro de estudios cuestiona la conveniencia del instrumento. El impuesto al patrimonio grava activos acumulados y no necesariamente flujos de caja disponibles. En economías donde buena parte del patrimonio empresarial está representado en activos no líquidos —infraestructura, maquinaria, redes—, la obligación tributaria podría forzar a las compañías a recurrir a crédito o a desinvertir para cumplir con el pago.
Anif recordó que Colombia ya aplicó un impuesto similar hace más de una década, con efectos que incluyeron un deterioro en los indicadores de apalancamiento empresarial y mayores costos de financiamiento. En un contexto donde la inversión privada muestra señales de debilidad, la reintroducción del gravamen podría profundizar la cautela empresarial.
¿Urgencia fiscal o alternativa discutible?
Otro punto crítico es la relación entre el impuesto y la urgencia que busca atender. López sostuvo que no se ha presentado un desglose detallado que justifique la necesidad específica de recaudar $8 billones ni la conexión directa entre el tributo y la atención inmediata de la emergencia invernal.
Además, el impuesto al patrimonio no es un mecanismo de recaudo inmediato, dado que su liquidación y pago toman tiempo. Por ello, Anif plantea que alternativas como reasignaciones presupuestales, uso de caja disponible o regalías no ejecutadas podrían resultar más pertinentes para una contingencia de corto plazo.
El filtro constitucional
Cualquier decreto tributario expedido bajo la emergencia económica deberá pasar por el control de la Corte Constitucional, que evaluará si la medida cumple con los principios de proporcionalidad, conexidad y necesidad frente a la crisis que se pretende atender. Este control añade una capa adicional de incertidumbre jurídica sobre la viabilidad del impuesto.
En definitiva, el debate no se reduce a si el recaudo será de $8 o de $13,4 billones. La discusión de fondo gira en torno al modelo de financiación de la emergencia y a los efectos estructurales que un nuevo impuesto al patrimonio podría generar sobre la inversión, el empleo y la estabilidad empresarial.
En medio de una coyuntura climática que exige recursos, el país enfrenta también una decisión estratégica: cómo equilibrar la urgencia fiscal con la sostenibilidad económica de mediano y largo plazo.
#CANAL CORDOBA
