Financiación bajo la lupa: dudas, contradicciones y pedidos de investigación rodean la campaña del Pacto Histórico en 2025
Las finanzas de la campaña para la consulta del Pacto Histórico en 2025 quedaron en el centro del debate público tras la revelación de presuntas irregularidades en el origen de los recursos que financiaron a dos de sus principales figuras: el precandidato Iván Cepeda y la aspirante al Senado Carolina Corcho. Las dudas no solo se concentran en los montos reportados, sino en la naturaleza de los aportantes, la capacidad económica de las empresas involucradas y las versiones contradictorias que han surgido en las últimas horas.
La controversia tomó fuerza luego de una investigación publicada por el periodista Melquesidec Torres y el medio La Silla Vacía, que detalló los gastos de campaña y sus fuentes de financiación, según los reportes entregados al Consejo Nacional Electoral (CNE). De acuerdo con esa información, Iván Cepeda reportó gastos por $964 millones y obtuvo cerca de 1,5 millones de votos en la consulta, mientras que Carolina Corcho, quien ocupó el segundo lugar, declaró gastos por $1.428 millones.
El punto más sensible del informe radica en el origen de los recursos. Según los registros oficiales, el 75 % de los gastos de la campaña de Cepeda habría provenido de una microempresa llamada Samat, con sede en Barranquilla, que no reporta ingresos y cuyo capital registrado es de apenas $20 millones. En cifras concretas, la empresa habría aportado $609 millones, mientras que su representante legal, Javier Pérez Páez, habría realizado una donación adicional de $116 millones, concentrando así la mayor parte de la financiación en un solo origen.
Sin embargo, este miércoles el propio Javier Pérez, empresario y propietario de Samat, negó de manera categórica haber realizado donaciones a la campaña de Cepeda. Por el contrario, aseguró que la relación con el equipo político fue de carácter comercial y que la campaña le adeuda dinero por un trabajo publicitario realizado, una afirmación que introduce una contradicción de fondo frente a los reportes oficiales entregados al CNE. Si los recursos no fueron una donación sino el pago —aún pendiente— de un servicio, surge la pregunta sobre por qué aparecen registrados como aportes y no como gastos por servicios contratados.
La situación de Carolina Corcho tampoco está exenta de cuestionamientos. Según la información revelada, el 52 % de su campaña habría sido financiado por un restaurante de corrientazos ubicado en Bogotá, con un nombre de inspiración francesa: Gustaus, chefcito Sigi. Esta microempresa, cuyo capital sería de apenas $2 millones, tampoco registra ingresos significativos, lo que ha despertado sospechas similares a las que rodean el caso de Samat.
En ambos escenarios, el patrón que inquieta a sectores políticos y analistas es el mismo: microempresas sin ingresos aparentes ni músculo financiero suficiente habrían asumido una parte desproporcionada de los costos de campañas de alcance nacional. Para la oposición, este hecho no solo plantea dudas contables, sino que abre la puerta a posibles figuras de financiación irregular, triangulación de recursos o errores graves en la forma como se reportaron las cuentas ante la autoridad electoral.
Desde distintos sectores políticos ya se ha solicitado formalmente que el Consejo Nacional Electoral y los organismos de control inicien una investigación exhaustiva sobre el origen real de los fondos, la veracidad de los reportes y la eventual responsabilidad de los candidatos y sus equipos de campaña. El debate no es menor: la transparencia en la financiación política es uno de los pilares de la legitimidad democrática, especialmente en un contexto de alta polarización y desconfianza institucional.
Más allá de las responsabilidades individuales, el caso vuelve a poner sobre la mesa las debilidades estructurales del sistema de control electoral en Colombia, donde las campañas suelen rendir cuentas cuando el proceso político ya ha concluido y las sanciones, si llegan, lo hacen tarde. También reaviva la discusión sobre los límites entre donaciones, préstamos, pagos por servicios y aportes en especie, figuras que, mal utilizadas, pueden distorsionar la verdadera procedencia del dinero.
Mientras se aclaran los hechos, el episodio representa un golpe político para el llamado petrismo, que ha hecho de la lucha contra la corrupción y la defensa de la transparencia uno de sus principales discursos. La expectativa ahora está puesta en las explicaciones que entreguen los involucrados y en la capacidad de las autoridades para esclarecer si se trata de simples inconsistencias contables o de un caso más profundo de irregularidades en la financiación de la política colombiana.
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