Arranca la carrera por la Contraloría: el Congreso activa la elección del jefe del control fiscal para 2026–2030
El Congreso de la República puso oficialmente en marcha uno de los procesos institucionales más sensibles y determinantes del Estado colombiano: la elección del Contralor General de la República para el periodo 2026–2030, cargo que quedará vacante tras la salida de Carlos Hernán Rodríguez. La activación formal del cronograma marca el inicio de una competencia que no solo definirá un nombre, sino el rumbo del control fiscal en un país atravesado por debates sobre corrupción, eficiencia del gasto público y credibilidad institucional.
De acuerdo con la resolución expedida por el Legislativo, la Universidad de Cartagena fue designada como la entidad encargada de liderar el proceso de selección. Su papel será clave: deberá recibir y evaluar las hojas de vida, verificar los requisitos académicos y profesionales, y aplicar la prueba de conocimientos, que tendrá carácter eliminatorio. La elección de una universidad pública como operador del proceso busca reforzar la transparencia y la imparcialidad, en un contexto donde la legitimidad del método de selección suele ser objeto de escrutinio público.
El calendario establece que las inscripciones estarán abiertas del 9 al 12 de marzo de 2026, un plazo breve pero decisivo para los aspirantes interesados en ocupar uno de los cargos de mayor peso institucional del país. Una vez cerrada esta etapa, el Congreso adelantará la verificación de requisitos e inhabilidades, un filtro crucial para garantizar que los candidatos cumplan con los estándares legales y éticos exigidos para dirigir el órgano de control fiscal.
La fase más exigente del proceso llegará el 20 de abril de 2026, fecha en la que se aplicará la prueba de conocimientos. Este examen, de carácter eliminatorio, se convierte en el primer gran termómetro técnico de la convocatoria. Según el cronograma oficial, al menos 20 aspirantes deberán superar esta prueba para avanzar a las siguientes fases, lo que anticipa una competencia intensa y altamente selectiva.
Más allá del procedimiento, la elección del próximo Contralor General se produce en un momento especialmente sensible para las finanzas públicas del país. El debate sobre el uso eficiente de los recursos, el aumento del endeudamiento y la ejecución presupuestal pone al control fiscal en el centro de la discusión nacional. En ese escenario, la independencia, solidez técnica y autoridad moral del nuevo Contralor serán determinantes para ejercer vigilancia efectiva sobre el Estado.
La experiencia reciente ha demostrado que la Contraloría no es un cargo meramente administrativo, sino un actor político-institucional con capacidad de incidir en la agenda pública. Por ello, la convocatoria despierta interés no solo entre juristas y expertos en finanzas públicas, sino también en los sectores políticos que ven en esta elección una pieza clave del equilibrio de poderes.
Con la activación formal del proceso, el Congreso abre una carrera que será observada con lupa por la opinión pública. La transparencia del procedimiento, la calidad de los aspirantes y la independencia del elegido serán factores decisivos para fortalecer —o debilitar— la confianza ciudadana en el sistema de control fiscal. En juego no está solo un periodo institucional de cuatro años, sino la credibilidad de una de las funciones esenciales del Estado colombiano.
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