Ataque armado contra esquema de seguridad en Arauca revive alertas por la violencia contra funcionarios y líderes políticos
Un nuevo hecho de violencia sacudió al departamento de Arauca y volvió a poner en evidencia la fragilidad de la seguridad en zonas rurales del país. Un ataque armado ocurrido en la carretera que comunica a los municipios de Fortul y Tame dejó como saldo dos hombres de protección asesinados, integrantes del esquema de seguridad del senador Jairo Alberto Castellanos Serrano, del partido Alianza Social Independiente (ASI). El congresista no se encontraba en el vehículo al momento del atentado, confirmaron fuentes cercanas.
Las víctimas fueron identificadas como Wilmer Leal Contreras y Esmely Manrique, ambos vinculados a la Policía Nacional y a la Unidad Nacional de Protección (UNP), quienes cumplían labores de avanzada dentro del esquema de seguridad del senador. Según la información preliminar, el ataque se produjo en la vereda Mate de Cacao, donde hombres armados instalaron un retén ilegal y abrieron fuego con armas largas contra el automotor en el que se movilizaban los escoltas.
Testimonios iniciales indican que los atacantes vestían de civil y portaban chalecos antibalas, una modalidad que dificulta la identificación inmediata y que evidencia un alto nivel de planeación. La acción se registró en horas de la tarde del jueves 5 de febrero y se caracterizó por disparos indiscriminados, lo que refuerza la hipótesis de un ataque directo contra el esquema de seguridad, más allá de un hecho aislado de criminalidad común.
Este atentado vuelve a encender las alarmas sobre la situación de orden público en Arauca, un departamento históricamente golpeado por la presencia de grupos armados ilegales, disputas territoriales y economías ilícitas. Las vías rurales, como la que conecta Fortul con Tame, se han convertido en escenarios recurrentes de emboscadas, retenes ilegales y ataques contra la Fuerza Pública, líderes sociales y funcionarios del Estado.
Más allá del impacto inmediato, el crimen plantea serios cuestionamientos sobre la capacidad del Estado para garantizar la seguridad de quienes ejercen funciones públicas y de los equipos encargados de protegerlos. La muerte de dos hombres de protección no solo representa una pérdida humana irreparable, sino que también debilita la confianza en los esquemas de seguridad en regiones donde el riesgo es permanente y elevado.
Las autoridades ya anunciaron el inicio de las investigaciones para esclarecer los hechos, identificar a los responsables y determinar si el ataque estuvo dirigido específicamente contra el senador o si hace parte de una estrategia más amplia de intimidación. Al mismo tiempo, se evalúa el refuerzo de las medidas de seguridad en la zona, ante el temor de nuevos atentados contra funcionarios, líderes políticos y sus equipos de protección.
En un contexto nacional marcado por el debate sobre seguridad, paz y control territorial, el ataque en Arauca se suma a una cadena de hechos violentos que subrayan la complejidad del conflicto armado persistente en varias regiones del país. Mientras avanzan las investigaciones, el caso deja un mensaje contundente: la violencia sigue siendo una amenaza latente y la protección efectiva de la vida, incluso de quienes cuidan a otros, continúa siendo uno de los mayores retos del Estado colombiano.
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