Atentado en Briceño revive la disputa armada en el norte de Antioquia y expone la fragilidad de la seguridad territorial
El atentado con explosivos registrado en el municipio de Briceño, Antioquia, durante la noche del Viernes Santo, no solo dejó a un uniformado herido, sino que volvió a poner en evidencia la compleja y persistente disputa armada que se libra en varias regiones del país. El hecho, atribuido preliminarmente a estructuras ilegales vinculadas a alias ‘Calarcá’, refleja cómo los avances en materia de seguridad siguen siendo frágiles frente a la recomposición de grupos criminales.
De acuerdo con las autoridades departamentales, el ataque fue ejecutado mediante una carga explosiva en zona urbana, una modalidad que demuestra capacidad logística y control territorial por parte de las organizaciones ilegales. Aunque el policía afectado se encuentra fuera de peligro, el impacto simbólico del atentado es significativo: se trata de una acción que desafía abiertamente la presencia del Estado en un municipio que, según líderes locales, había logrado superar episodios críticos de violencia en años anteriores.
El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, atribuyó el ataque a la expansión de estructuras como el Clan del Golfo y las disidencias de las Farc, particularmente los frentes bajo el mando de alias ‘Calarcá’. Sus declaraciones, además de señalar responsables, reavivan el debate sobre la política de seguridad del Gobierno nacional y los efectos de la denominada “paz total”, una estrategia que ha sido cuestionada por sectores regionales que consideran que ha permitido el fortalecimiento de actores ilegales.
En efecto, el norte de Antioquia se ha convertido en un escenario de confrontación entre al menos tres estructuras armadas: el Clan del Golfo, las disidencias de las Farc —con presencia de los frentes 18 y 36— y el ELN. Esta multiplicidad de actores no solo intensifica la violencia, sino que complejiza cualquier intento de control institucional. Municipios como Ituango, Toledo, San Andrés de Cuerquia y Yarumal, además de Briceño, han sido epicentro de estas disputas, motivadas principalmente por el control de economías ilegales.
Uno de los factores más determinantes en esta dinámica es la minería ilegal, que, según fuentes militares, se ha convertido en una de las principales fuentes de financiación para estos grupos, incluso por encima del narcotráfico en algunas zonas. Las estructuras armadas imponen cobros que oscilan entre el 10% y el 20% de la producción minera, consolidando así un modelo de economía criminal que perpetúa su presencia y poder en el territorio.
Frente a este panorama, la reacción institucional ha incluido el ofrecimiento de recompensas de hasta 100 millones de pesos para dar con los responsables del atentado. Sin embargo, este tipo de medidas, aunque necesarias en el corto plazo, resultan insuficientes si no se acompañan de una estrategia integral que combine seguridad, inversión social y presencia efectiva del Estado en las regiones más vulnerables.
El atentado en Briceño no puede entenderse como un hecho aislado. Por el contrario, es un síntoma de una problemática estructural que sigue sin resolverse: la incapacidad del Estado para consolidar su autoridad en territorios donde confluyen economías ilegales, ausencia institucional y disputas armadas. La persistencia de estos factores pone en entredicho la sostenibilidad de cualquier política de paz que no logre traducirse en control real del territorio.
En este contexto, el desafío para el Gobierno no solo radica en contener la violencia, sino en recuperar la confianza de las comunidades, que hoy vuelven a sentir la incertidumbre de vivir en medio de actores armados. Briceño, una vez más, se convierte en reflejo de una realidad nacional donde la paz sigue siendo una promesa en disputa.
#CANAL CORDOBA
