Benedetti prende la mecha: plantea mínimo de $2 millones y revuelve el debate del salario en Colombia

Con su más reciente declaración pública, el ministro del Interior, Armando Benedetti, ha agitado la discusión nacional al proponer que el salario mínimo para 2026 se sitúe “en dos dígitos”, apuntando a un monto cercano a los $2 millones. Esta postura ha encendido una nueva controversia: mientras muchos trabajadores celebran la idea como un alivio necesario frente al alto costo de vida, varios sectores empresariales y gremiales lo ven como una decisión apresurada que podría desestabilizar la economía y generar efectos contrarios al bienestar.
Según Benedetti, la comparación con otros países de la región —donde el salario mínimo supera los 700–800 dólares mensuales— evidencia la urgencia de un ajuste profundo en Colombia, donde la remuneración legal actual resulta insuficiente. Su argumento: aumentar el ingreso mínimo no es un gasto, sino una inversión social, que podría estimular el consumo, aumentar la productividad y aliviar la desigualdad.
Sin embargo, el anuncio se produce en un contexto económico delicado. Expertos advierten que un salto abrupto en los costos laborales podría traducirse en cierres de pequeñas empresas, aumento de precios al consumidor y crecimiento de la informalidad. Esto genera un dilema: ¿un salario digno para los trabajadores o el riesgo de un choque inflacionario que termine afectando a esos mismos hogares?
Además, la propuesta ha tensionado la mesa de concertación salarial —institución encargada de definir el mínimo junto a representantes de sindicatos, empleadores y Gobierno—, ya que algunos gremios, como Fenalco, han rechazado la idea por considerar que carece de sustento técnico y podría afectar la estabilidad del empleo.
En definitiva, la declaración de Benedetti abre un debate que va más allá del aumento numérico: plantea una discusión sobre el valor real del trabajo, la dignidad del ingreso mínimo y las prioridades de política pública en Colombia. Si bien muchos trabajadores necesitan un alivio urgente, el camino para conseguirlo debe ser concertado, técnico y sostenible. Porque ajustar cifras sin evaluar consecuencias podría convertirse en un experimento económico cuyo impacto termine por golpear más duro a los más vulnerables.