Bajo la lupa los recursos de la emergencia: Contraloría vigilará ejecución millonaria ante crisis invernal
En medio de la emergencia invernal que golpea a buena parte del país, la vigilancia sobre el manejo de los recursos públicos vuelve al centro del debate. La Contraloría General de la República anunció que hará seguimiento riguroso a la gestión fiscal de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), con el objetivo de verificar cómo se están utilizando los fondos destinados a la atención de la contingencia.
El anuncio no es menor. Para la vigencia 2026, el Fondo Nacional de Gestión del Riesgo cuenta con 1,69 billones de pesos disponibles para emergencias, además de una reserva cercana a un billón de pesos. Según el ente de control, estos recursos pueden ser utilizados de manera inmediata para atender las necesidades urgentes en los territorios afectados por las lluvias. La cifra evidencia que el problema no es exclusivamente presupuestal, sino de ejecución y transparencia.
Las cifras oficiales de la UNGRD, con corte al 6 de febrero, dimensionan la magnitud de la crisis: 293 eventos asociados a las lluvias en 24 departamentos y 188 municipios, con un saldo de 209.839 personas afectadas, 26 fallecidos, nueve heridos y tres desaparecidos. Más allá de los números, se trata de comunidades que han visto alterada su cotidianidad, perdido sus viviendas o enfrentado pérdidas humanas irreparables.
En este contexto, la decisión de la Contraloría adquiere un sentido estratégico. La entidad ha señalado que pondrá especial atención al uso de los recursos, teniendo en cuenta antecedentes de irregularidades que han rodeado a la UNGRD en el pasado. La vigilancia anunciada incluye la solicitud formal del plan de acción diseñado para la contingencia y la participación activa en los Puestos de Mando Unificado (PMU) y salas de crisis, en coordinación con autoridades departamentales y municipales.
El mensaje es claro: no basta con declarar la emergencia; es imprescindible demostrar eficacia y probidad en la ejecución del gasto. En situaciones de desastre, los recursos deben fluir con rapidez, pero también con controles sólidos que impidan desviaciones o contrataciones cuestionables. La historia reciente del país ha mostrado que las emergencias pueden convertirse en escenarios propicios para la opacidad si no existe supervisión estricta.
Uno de los territorios más golpeados es Córdoba, donde se reportan 4.298 viviendas destruidas y retrasos en la entrega de ayudas humanitarias. La advertencia del ente de control sobre el seguimiento a los movimientos financieros busca garantizar que los fondos lleguen efectivamente a los damnificados y no se diluyan en trámites burocráticos o decisiones ineficientes.
El desafío es doble: responder con celeridad a la urgencia social y, al mismo tiempo, asegurar la transparencia en cada peso ejecutado. La participación activa de la Contraloría en los espacios de coordinación puede convertirse en un factor de presión positiva para que la UNGRD y las entidades territoriales actúen con mayor diligencia.
El país enfrenta una temporada invernal que no solo pone a prueba la infraestructura y la capacidad de respuesta institucional, sino también la credibilidad del Estado en el manejo de recursos públicos. Con más de dos billones de pesos potencialmente disponibles, la pregunta ya no es si hay dinero suficiente, sino si existe la capacidad administrativa y ética para administrarlo correctamente.
En escenarios de emergencia, la confianza pública es un recurso tan valioso como el presupuesto. La vigilancia fiscal anunciada no debe interpretarse como un obstáculo, sino como un mecanismo de garantía para las comunidades afectadas. Porque en cada cifra hay un rostro, y en cada contrato debe haber transparencia.
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