Camionetas robadas al servicio del crimen: así operaba la red que abastecía a disidencias en el Meta
La desarticulación de una estructura criminal dedicada al hurto de camionetas de alta gama en los departamentos del Meta y Cundinamarca dejó al descubierto una modalidad delictiva que va más allá del simple robo de vehículos. Tras seis meses de investigación, la Policía del Meta capturó a once personas señaladas de integrar una red que, según las autoridades, proveía automotores a cabecillas de las disidencias de las Farc, específicamente al bloque Jorge Suárez Briceño, para facilitar su movilidad y control territorial.
De acuerdo con el comandante de la Policía del Meta, coronel Nelson Zambrano, los vehículos robados eran entregados a estructuras armadas vinculadas a las disidencias conocidas como las de ‘Calarcá’. Esta conexión revela cómo el hurto de vehículos se ha convertido en un eslabón clave dentro de las economías ilegales que sostienen a los grupos armados residuales, permitiéndoles desplazarse con mayor rapidez y evadir los controles de las autoridades en zonas rurales y de difícil acceso.
Las investigaciones establecieron que el grupo criminal actuaba de manera organizada y con un alto nivel de intimidación. Su modus operandi consistía en llegar en grupo a fincas ubicadas en zonas rurales, portando armas de fuego y cubriendo sus rostros para generar miedo inmediato entre las víctimas. Los propietarios eran retenidos durante varias horas y amenazados para evitar que alertaran a la Policía, mientras los delincuentes huían en las camionetas, muchas de ellas de alta gama y con tracción adecuada para terrenos complejos.
Durante los operativos de allanamiento, las autoridades incautaron armas de fuego, municiones y prendas de uso militar, elementos que los delincuentes utilizaban no solo para cometer los asaltos, sino también para aparentar pertenecer a grupos armados y ganar la confianza —o el temor— de los pobladores. Este uso de indumentaria militar evidencia la intención de camuflar sus actividades delictivas dentro del conflicto armado residual que aún persiste en varias regiones del país.
El operativo permitió además la recuperación de 15 camionetas de lujo, un golpe significativo tanto para la estructura criminal como para las disidencias que se beneficiaban de estos vehículos. Sin embargo, las autoridades advierten que este tipo de organizaciones suelen operar en redes más amplias, por lo que no se descarta la existencia de más víctimas ni de otros grupos dedicados a actividades similares.
Los once capturados deberán responder ante la justicia por los delitos de hurto agravado y secuestro simple, cargos que reflejan la gravedad de los hechos y el impacto que tuvieron sobre las víctimas. Para la Policía, el caso pone en evidencia la necesidad de fortalecer la denuncia ciudadana, especialmente en zonas rurales donde el temor y la falta de presencia institucional dificultan que los afectados reporten estos delitos.
Más allá de las capturas, el operativo deja una radiografía preocupante sobre la forma en que las economías criminales se articulan con los grupos armados ilegales. El robo de camionetas no solo representa un perjuicio económico para las víctimas, sino que se convierte en un factor que fortalece la capacidad operativa de las disidencias. En ese sentido, el golpe propinado por las autoridades es un avance, pero también un recordatorio de que la lucha contra estas estructuras requiere acciones sostenidas y una estrategia integral que combine investigación, control territorial y protección efectiva a la población civil.
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