Capturan a candidato al Senado y a exuniformados por presunta red que protegía el contrabando en Colombia
Un nuevo golpe contra la corrupción y el contrabando sacudió el escenario político y judicial colombiano durante la jornada electoral. La Fiscalía General de la Nación, en coordinación con el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), ejecutó órdenes de captura contra cinco personas señaladas de integrar una red que, según las autoridades, facilitaba el ingreso y la comercialización de mercancía ilegal en el país. Entre los detenidos se encuentra el candidato al Senado Freddy Camilo Gómez Castro y cuatro exintegrantes de la Policía Nacional de Colombia.
Las capturas se llevaron a cabo en distintas ciudades mientras los implicados acudían a ejercer su derecho al voto, lo que generó especial impacto mediático y político en medio de la jornada democrática. Los operativos se realizaron en sectores como Bogotá, Cúcuta, Armenia, Valledupar y Cali, donde agentes judiciales hicieron efectivas las órdenes emitidas por la justicia.
De acuerdo con la investigación, los capturados habrían participado en una estructura criminal que favorecía las operaciones de contrabando asociadas a Diego Marín Buitrago, señalado por las autoridades como uno de los principales articuladores de este tipo de actividades ilícitas en el país. La red, según el expediente judicial, se habría encargado de facilitar el ingreso, tránsito y comercialización de mercancías ilegales mediante el pago de sobornos a funcionarios públicos.
Las autoridades sostienen que el candidato al Senado Freddy Camilo Gómez Castro tendría un papel clave dentro de la estructura. Según la Fiscalía, habría sido uno de los encargados de mantener contactos con miembros de la Policía Fiscal y Aduanera (POLFA) y funcionarios de la Rama Judicial, con el objetivo de garantizar protección a las operaciones de contrabando a cambio de dinero.
Junto a él fueron capturados los exuniformados José Luis Olaya Caicedo, Faudel Luis Salazar Piñeros, Juan Miguel Jaramillo Mora y Édgar Humberto Bacca Suárez, quienes también habrían desempeñado funciones específicas dentro de la red. Las investigaciones preliminares indican que Olaya Caicedo presuntamente identificaba y contactaba a uniformados de la POLFA dispuestos a colaborar con la organización criminal.
Por su parte, Bacca Suárez estaría vinculado con el ingreso de mercancía de contrabando a través de los puertos de Barranquilla y Cartagena, dos de los principales corredores logísticos del comercio marítimo en el país. En tanto, Salazar Piñeros, quien se desempeñó como jefe de la División de la POLFA en Cartagena, habría utilizado su cargo para impedir o bloquear procesos de aprehensión de mercancías ilegales.
Las autoridades también señalan que Jaramillo Mora habría sido el encargado de recibir los pagos ilícitos y distribuirlos entre los miembros de la red que participaban en la protección de las actividades de contrabando.
Una fiscal de la Dirección Especializada contra la Corrupción presentará a los detenidos ante un juez de control de garantías para imputarles los delitos de cohecho por dar u ofrecer y concierto para delinquir agravado. El proceso judicial apenas comienza, pero ya representa uno de los casos más relevantes en materia de corrupción investigados recientemente en el país.
El operativo se produce en un contexto de alta vigilancia institucional durante el proceso electoral. Según reportó la Fiscalía, durante la jornada de votación se realizaron al menos 19 capturas por delitos electorales en departamentos como Antioquia, Tolima, Bolívar, Cauca y Caldas, relacionados con conductas como corrupción al sufragante, fraude y constreñimiento al votante.
En paralelo, las autoridades también reportaron otras 18 capturas por delitos distintos, entre ellos homicidio, tráfico de estupefacientes, hurto y violencia intrafamiliar, en operativos realizados en diferentes regiones del país.
Otro caso que llamó la atención de los investigadores ocurrió en Leticia, en el departamento de Amazonas, donde fue detenido el candidato a la Cámara Víctor Hugo Moreno Bandeira. Según la Fiscalía, el aspirante habría ofrecido dinero para evitar la incautación de 15 millones de pesos. En este caso, el juez decidió imponer medidas no privativas de la libertad, aunque avaló la incautación del dinero encontrado.
Las cifras también reflejan la magnitud de los recursos que se movilizan de forma irregular durante los periodos electorales. Solo en la última semana, la Fiscalía reportó la incautación de más de 2.369 millones de pesos en 31 procedimientos realizados en distintas regiones del país, dinero que actualmente es objeto de investigación para determinar su origen y posible relación con delitos electorales o redes criminales.
Este tipo de casos vuelve a poner en el centro del debate público la relación entre política, corrupción y economías ilegales en Colombia. La infiltración de estructuras criminales en instituciones públicas no solo debilita la confianza ciudadana en el sistema democrático, sino que también compromete la capacidad del Estado para combatir delitos como el contrabando, que afecta gravemente la economía nacional.
Las investigaciones ahora deberán establecer el alcance real de la red y determinar si existen más funcionarios o actores políticos involucrados en estas actividades. Mientras tanto, las capturas realizadas durante la jornada electoral envían un mensaje claro: el escrutinio judicial sobre la corrupción y las redes ilegales continúa siendo una prioridad para las autoridades.
#CANAL CORDOBA
