Caso UNGRD escala al Consejo de Estado: piden la “muerte política” de nueve congresistas por presunta corrupción
El escándalo de corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) sigue ampliando su radio de impacto y ahora golpea de lleno al Congreso de la República. La Red de Veedurías Ciudadanas de Colombia radicó ante el Consejo de Estado una demanda de pérdida de investidura contra nueve congresistas, a quienes señala de presunta participación en maniobras irregulares relacionadas con la asignación de contratos y beneficios burocráticos dentro de esa entidad.
La acción judicial busca que el alto tribunal evalúe la responsabilidad política de los legisladores y determine si incurrieron en causales que ameriten la sanción más severa en el ámbito parlamentario: la pérdida de investidura, conocida como la “muerte política”, que implica la salida inmediata del cargo y la inhabilidad para volver a ocuparlo.
Los congresistas mencionados en la demanda son Martha Peralta, Berenice Bedoya, Julio Elías Chagüi, Juan Loreto Gómez Soto, Liliana Esther Bitar Castilla, Juan Pablo Gallo Maya, Wadith Manzur, Julián Peinado Ramírez y Karen Manrique. Según el documento presentado, habrían incurrido en conductas que podrían configurar tráfico de influencias y violación del régimen de incompatibilidades, dos de las causales más graves contempladas por la Constitución y la ley para este tipo de procesos.
El eje de los señalamientos gira alrededor de la presunta gestión irregular de contratos y cargos dentro de la UNGRD, a cambio de apoyos políticos en el Congreso. La demanda se sustenta en testimonios rendidos por exfuncionarios de la entidad, entre ellos Olmedo López y Sneyder Pinilla, cuyas declaraciones han sido clave para destapar el entramado de corrupción que sacudió al organismo encargado de atender emergencias y desastres en el país.
De acuerdo con esas versiones, algunos congresistas habrían intervenido para facilitar contratos y beneficios burocráticos, supuestamente como parte de acuerdos políticos orientados a garantizar respaldos legislativos a iniciativas del Gobierno, en especial durante el trámite de la reforma pensional. Estos señalamientos, de comprobarse, no solo comprometerían la ética pública de los implicados, sino que pondrían en evidencia una preocupante instrumentalización de una entidad creada para atender a las poblaciones más vulnerables.
El proceso que ahora inicia en el Consejo de Estado se suma a las investigaciones que adelanta de manera paralela la Corte Suprema de Justicia en el ámbito penal contra algunos de los congresistas mencionados. Este doble frente judicial refleja la gravedad del caso y la dimensión institucional del escándalo, que ha dejado en entredicho los mecanismos de control y la transparencia en la gestión de recursos públicos destinados a la atención del riesgo y la emergencia.
Más allá de los nombres propios, el caso UNGRD plantea un debate de fondo sobre la relación entre el Ejecutivo y el Legislativo, el uso de los recursos públicos como moneda de cambio político y la debilidad de los sistemas de prevención de la corrupción. La eventual pérdida de investidura de congresistas no solo tendría consecuencias individuales, sino que enviaría un mensaje contundente sobre los límites del poder y la responsabilidad que implica representar a la ciudadanía.
Mientras el alto tribunal analiza la demanda y define si abre formalmente el proceso, el escándalo continúa generando repercusiones políticas y presión social. Para la opinión pública, el desenlace de este caso será una prueba clave sobre la capacidad del Estado para sancionar la corrupción en los más altos niveles y para recuperar la confianza en las instituciones democráticas.
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