Catatumbo, un año atrapado en la guerra: la crisis humanitaria que el Estado no ha logrado contener
La región del Catatumbo, en el departamento de Norte de Santander, completa un año sumida en un conflicto armado que se ha convertido en un drama prolongado para miles de familias campesinas. Desde el 16 de enero de 2025, los enfrentamientos entre la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y el Frente 33 de las disidencias de las Farc no solo han redefinido el control territorial, sino que han profundizado una de las crisis humanitarias más graves y silenciosas del país, sin que hasta ahora exista una salida clara ni una respuesta estatal suficiente.
El saldo de esta confrontación es devastador. De acuerdo con reportes de la Defensoría del Pueblo y organizaciones humanitarias, cerca de un centenar de personas han perdido la vida y más de 100.000 habitantes han sido desplazados de manera forzada. Municipios enteros han visto vaciarse veredas y corregimientos, mientras comunidades enteras huyen en busca de refugio ante el avance de los actores armados y la ausencia de garantías de seguridad.
El origen del conflicto se encuentra en la disputa por el control de corredores estratégicos y economías ilícitas, especialmente el narcotráfico y el contrabando, que convierten al Catatumbo en un territorio codiciado por los grupos armados ilegales. Esta lucha ha derivado en una dinámica de violencia que castiga de manera directa a la población civil, sometida a confinamientos, amenazas, restricciones a la movilidad y reclutamiento forzado, una práctica que sigue afectando de forma alarmante a niños, niñas y adolescentes.
Un año después del inicio de los combates, las alertas tempranas siguen vigentes y las condiciones humanitarias no muestran una mejoría sustancial. Las organizaciones sociales denuncian que el acceso a servicios básicos, educación y atención en salud continúa limitado, mientras que el miedo se ha instalado como parte de la cotidianidad. Para muchos habitantes, la vida transcurre entre la incertidumbre y la resistencia silenciosa, con la constante sensación de haber sido olvidados por el Estado.
La respuesta institucional ha sido insuficiente frente a la magnitud del problema. Aunque se han anunciado operativos de seguridad y acciones humanitarias puntuales, estas no han logrado frenar la escalada de violencia ni garantizar el retorno seguro de las comunidades desplazadas. La falta de una estrategia integral que combine presencia efectiva del Estado, inversión social y protección real a los civiles ha permitido que el conflicto se prolongue y se normalice.
El caso del Catatumbo evidencia los límites de los discursos de paz cuando no se traducen en acciones concretas sobre el territorio. La persistencia de la confrontación armada y el control de las economías ilegales reflejan una deuda histórica con una región que, durante décadas, ha sido escenario de abandono institucional y violencia sistemática.
A un año del estallido del conflicto, el Catatumbo sigue esperando algo más que diagnósticos y promesas. La crisis humanitaria exige decisiones urgentes, coordinación interinstitucional y una política de seguridad que priorice la protección de la población civil. Mientras esto no ocurra, la región continuará atrapada en una guerra que no eligió, pero que sigue pagando con vidas, desplazamiento y miedo.
#CANAL CORDOBA
