Choque institucional por el salario mínimo: Gobierno cuestiona suspensión del decreto y anuncia defensa jurídica
La decisión del Consejo de Estado de suspender el decreto que incrementaba el salario mínimo abrió un nuevo frente de tensión entre el Ejecutivo y la rama judicial. El ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, reaccionó con dureza y calificó la medida como “precipitada, irresponsable, nefasta e indignante” para los trabajadores del país.
El decreto, expedido por el presidente Gustavo Petro, contemplaba un incremento cercano al 23 %, lo que llevaría el ingreso mensual de un trabajador a alrededor de dos millones de pesos, incluyendo el auxilio de transporte. Para el Gobierno, la decisión judicial no solo afecta una política pública central de su agenda social, sino que reabre el debate sobre el alcance del control judicial frente a medidas económicas de impacto inmediato.
Sanguino planteó la controversia en términos de equidad: “Un magistrado que gana $50 millones decide que un trabajador no merece ganarse $2 millones”. Más allá de la frase —de fuerte carga política— el señalamiento apunta a una discusión de fondo: ¿hasta dónde puede el poder judicial intervenir en decisiones que, según el Ejecutivo, buscan materializar derechos sociales?
El ministro explicó que el fallo sorprendió al Gobierno porque, según su interpretación, los tiempos legales para responder aún no se habían agotado. Además, sostuvo que muchos trabajadores ya recibieron el primer pago correspondiente a enero bajo el nuevo monto, lo que, en su criterio, convertiría el aumento en un derecho adquirido. Este punto será determinante en el debate jurídico, pues toca el principio de confianza legítima y la seguridad jurídica de quienes ya percibieron el incremento.
Desde la perspectiva oficial, el decreto no obedeció a una decisión improvisada. Sanguino afirmó que se sustentó en variables macroeconómicas y en estudios de la Organización Internacional del Trabajo sobre el concepto de “salario vital”, una figura que trasciende el salario mínimo tradicional al considerar el costo real de vida y la garantía de condiciones dignas. “La economía debe tener alma y corazón”, subrayó, en una frase que resume la narrativa social del Gobierno.
Sin embargo, la suspensión del decreto también refleja las tensiones propias del equilibrio institucional. El Consejo de Estado, como máximo tribunal de lo contencioso administrativo, tiene la competencia para revisar la legalidad de los actos del Ejecutivo. Su decisión cautelar no implica un fallo definitivo, pero sí introduce incertidumbre sobre la vigencia del aumento y sus efectos presupuestales.
En términos económicos, el debate no es menor. Un incremento del 23 % representa un impacto significativo tanto para los trabajadores como para el sector empresarial y las finanzas públicas. Para el Gobierno, se trata de un paso hacia la justicia social; para sus críticos, podría generar presiones inflacionarias o afectar la sostenibilidad laboral en ciertos sectores productivos. El escenario jurídico ahora se convierte en el terreno donde ambas visiones medirán fuerzas.
El anuncio de una mesa técnica entre el Consejo de Estado y la Secretaría Jurídica de la Presidencia sugiere que el Ejecutivo buscará agotar los canales institucionales antes de escalar el conflicto. No obstante, Sanguino dejó claro que la defensa del aumento se dará “en los tribunales y en las calles”, una afirmación que anticipa movilización social como parte de la estrategia política.
El episodio evidencia la complejidad de gobernar en un sistema de pesos y contrapesos. El salario mínimo no es solo una cifra: es un indicador de modelo económico y de prioridades sociales. La controversia actual trasciende el monto específico y se instala en una discusión más amplia sobre el rumbo de la política laboral en Colombia.
Mientras el debate jurídico avanza, millones de trabajadores quedan a la expectativa. En el centro de la controversia está una pregunta estructural: ¿puede el Estado redefinir el concepto de salario digno mediante decreto, o esa transformación exige consensos más amplios y marcos legales específicos? La respuesta no solo definirá el futuro inmediato del aumento, sino también el alcance de la política social en el país.
#CANAL CORDOBA
