Clan del Golfo congela diálogos de paz y sacude la apuesta de Petro por la negociación total
La suspensión provisional de la participación del Clan del Golfo en la mesa de negociación con el Gobierno del presidente Gustavo Petro representa un nuevo y delicado sacudón para la política de “paz total”, una de las principales banderas del actual mandato. El anuncio, confirmado por los delegados de ese grupo armado ilegal a la revista SEMANA, se da en medio de versiones periodísticas que apuntan a un supuesto compromiso del jefe de Estado con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para capturar a varios jefes del narcotráfico en un corto plazo.
Según el Clan del Golfo, la molestia surge a partir de informaciones difundidas en medios de comunicación, sin que —afirman— haya existido una verificación directa o una aclaración oficial por parte del Gobierno colombiano. En esas versiones se señala que el presidente Petro habría entregado a su homólogo estadounidense los nombres de tres cabecillas de alto perfil: alias Pablito, del ELN; Iván Mordisco, líder de las disidencias de las Farc; y Chiquito Malo, máximo jefe del propio Clan del Golfo, comprometiéndose a su neutralización en un plazo de dos meses.
Para la organización armada, este eventual acuerdo internacional constituiría una ruptura de la confianza construida en el marco de las conversaciones de paz. En un comunicado fechado el 4 de febrero, el denominado estado mayor conjunto ordenó a su delegación suspender temporalmente los diálogos mientras se adelantan consultas internas y se aclara la veracidad de la información. “Si la información de los medios es cierta, esto sería un atentado contra la buena fe y los compromisos de Doha”, señalaron, en referencia a los entendimientos preliminares alcanzados durante el proceso.
El pronunciamiento va más allá de una simple inconformidad táctica. El Clan del Golfo sostiene que el presidente Petro habría antepuesto “intereses personales” al “bien mayor, que es la paz en los territorios”, una acusación que apunta directamente al corazón del discurso gubernamental. No es un señalamiento menor: cuestiona la coherencia entre la apuesta por la negociación con los grupos armados y la cooperación internacional en materia de seguridad y lucha contra el narcotráfico, particularmente con Estados Unidos.
Paradójicamente, el grupo ilegal insiste en que mantiene su compromiso con la paz y pone como ejemplo el rol que desempeñaba alias Gonzalito, segundo cabecilla de la organización, quien murió recientemente en una embarcación en el departamento de Córdoba. Según su versión, Gonzalito adelantaba labores de pedagogía interna sobre los acuerdos preliminares y preparaba a la organización para una eventual concentración en una zona de ubicación temporal, como paso previo a un proceso de desmovilización. Ese relato busca reforzar la idea de que, al menos desde su perspectiva, el proceso avanzaba de manera sostenida.
La decisión de pausar las conversaciones deja en evidencia la fragilidad de los equilibrios sobre los que se sostiene la “paz total”. El Gobierno enfrenta el desafío de negociar con múltiples actores armados, cada uno con agendas, desconfianzas y lecturas propias del contexto político y geopolítico. En ese escenario, cualquier señal —real o percibida— de doble discurso puede convertirse en un detonante que frene o incluso haga retroceder procesos que parecían encaminados.
Hasta el momento, el Ejecutivo no ha emitido un pronunciamiento oficial sobre la suspensión anunciada por el Clan del Golfo. El silencio alimenta la incertidumbre y abre espacio a interpretaciones encontradas, tanto en los territorios afectados por la violencia como entre analistas que veían en este proceso uno de los más avanzados dentro de la estrategia gubernamental.
Más allá de si las versiones difundidas resultan ciertas o no, el episodio deja una lección clara: la paz negociada no solo depende de la voluntad de sentarse a dialogar, sino de la coherencia política, la claridad en los mensajes y la capacidad del Estado para manejar simultáneamente la diplomacia internacional y los compromisos internos. En un país marcado por décadas de conflicto, cada quiebre de confianza tiene un costo alto, y recomponerlo suele ser más difícil que iniciarlo.
#CANAL CORDOBA
