Colombia ahogada en deudas: quiebras personales alcanzan récord histórico y revelan una crisis silenciosa en los hogares
Colombia cerró 2025 con una señal de alerta que va más allá de las cifras macroeconómicas y se instala directamente en la vida cotidiana de miles de familias: el país registró el mayor número de quiebras personales de la última década. En total, 18.749 colombianos se declararon en insolvencia como personas naturales, un aumento del 79 % frente a 2024, de acuerdo con un análisis de Insolvencia Colombia e IFI Inteligencia Financiera. El dato no solo marca un récord estadístico, sino que expone una crisis estructural que combina informalidad, fragilidad laboral, falta de educación financiera y un deterioro progresivo del ingreso real de los hogares.
El estudio, construido con información del Ministerio de Justicia, notarías, herramientas de inteligencia artificial y la experiencia directa de más de 20.000 clientes, identifica como principal detonante de la quiebra el desorden financiero, responsable del 38,77 % de los casos. A este factor se suman el trabajo informal o el desempleo (31,54 %), la deficiente educación financiera (14,4 %) y los emprendimientos fallidos (7,78 %). En conjunto, estos elementos dibujan un panorama en el que amplios sectores de la población enfrentan ingresos inestables, escaso acceso al crédito formal y una limitada capacidad para planear sus finanzas en contextos de inflación, tasas de interés elevadas y mayor presión tributaria.
Más preocupante aún es el deterioro en la capacidad de negociación de las personas que acuden a la Ley de Insolvencia. Solo el 32,86 % logró llegar a acuerdos con sus acreedores, mientras que el 67,14 % fracasó en el intento. Hace cuatro años, seis de cada diez procesos terminaban en acuerdos; hoy, esa proporción se redujo casi a la mitad. Esta tendencia refleja no solo la fragilidad financiera de los deudores, sino también una menor disposición de los acreedores a renegociar obligaciones en un contexto de mayor riesgo e incertidumbre económica.
El perfil de los insolventes muestra además una realidad social amplia: el 58,1 % fueron hombres y el 41,82 % mujeres, lo que indica que la crisis atraviesa distintos niveles del mercado laboral y no se limita a un solo grupo poblacional. Geográficamente, Bogotá lidera el número de solicitudes con 5.425 casos, seguida de Antioquia (4.356) y Valle del Cauca (2.604). Sin embargo, el dato más inquietante está en el crecimiento acelerado de regiones como el Atlántico, donde las insolvencias aumentaron un 218,73 %, al pasar de 283 a 902 casos en un solo año. Este salto evidencia que la crisis financiera de los hogares se está expandiendo territorialmente y ya no es un fenómeno concentrado en las grandes capitales.
Más allá del número de personas que se declaran en quiebra, estas cifras revelan un problema de fondo: la economía colombiana continúa descansando sobre una base de informalidad elevada y empleos frágiles, lo que deja a millones de ciudadanos expuestos ante cualquier choque económico. A esto se suma la ausencia de una política robusta de educación financiera que permita a los hogares tomar decisiones informadas sobre endeudamiento, ahorro e inversión.
El récord de insolvencias personales en 2025 no debe leerse como un fenómeno aislado ni como una simple consecuencia de malas decisiones individuales. Es, en realidad, el reflejo de un sistema económico que no ha logrado proteger de manera efectiva a los hogares frente a la volatilidad del mercado, ni ofrecer herramientas suficientes para prevenir el sobreendeudamiento. Si no se adoptan medidas estructurales —que incluyan formalización laboral, acceso a crédito responsable y educación financiera desde etapas tempranas—, esta crisis silenciosa podría profundizarse y convertirse en un problema social de mayores dimensiones en los próximos años.
#CANAL CORDOBA
