Colombia impone arancel del 30 % a productos ecuatorianos y escala la tensión comercial bilateral
El Gobierno de Gustavo Petro oficializó la imposición de un arancel recíproco del 30 % a una amplia lista de productos provenientes de Ecuador, en una decisión que profundiza el pulso comercial entre ambos países andinos. La medida quedó consignada en el Decreto 0170 de 2026, expedido por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, como respuesta directa a la “tasa de seguridad” del 30 % que el Ejecutivo ecuatoriano había aplicado semanas atrás a las importaciones de origen colombiano.
El nuevo gravamen colombiano cobija más de 20 partidas arancelarias que abarcan hasta 73 subpartidas de bienes agrícolas e industriales. Entre los productos afectados figuran arroz, plátanos, banano, cebolla, tomate, fríjol, cacao en polvo, azúcar de caña, aguacate Hass y pescado, así como calzado, grasas y aceites, etanol, insecticidas, fungicidas y tubos, entre otros. El impacto no solo es sectorial, sino también regional, pues muchos de estos bienes forman parte del intercambio habitual en la frontera sur.
Además del arancel, el decreto establece restricciones al ingreso terrestre de ciertas mercancías por pasos estratégicos como Ipiales y Puerto Asís. Productos como arroz “paddy” y arroz pardo no podrán ingresar bajo ningún régimen aduanero por esos cruces. Asimismo, se incorporaron controles adicionales a sustancias químicas que podrían estar vinculadas con la producción de drogas sintéticas, en una señal de que la disputa comercial también se entrelaza con preocupaciones de seguridad.
La decisión colombiana responde a la medida adoptada por el presidente ecuatoriano Daniel Noboa, quien justificó su arancel del 30 % como un instrumento para presionar una mayor cooperación fronteriza en materia de seguridad y para corregir un déficit comercial que, según Quito, supera los mil millones de dólares. Sin embargo, en la práctica, la escalada de medidas ha generado un clima de incertidumbre que golpea a transportadores, comerciantes y comunidades fronterizas.
En el ámbito jurídico, el diferendo ya llegó a la Comunidad Andina de Naciones (CAN). Colombia interpuso una demanda solicitando investigar si la decisión ecuatoriana vulnera las normas comerciales del bloque, y la Secretaría General admitió al menos una de las solicitudes, abriendo una investigación formal. Ecuador, por su parte, también ha elevado reclamos ante la CAN, argumentando supuestas infracciones al ordenamiento jurídico andino.
El efecto inmediato de esta confrontación es el encarecimiento de productos y mayores costos logísticos en pasos como el Puente Internacional de Rumichaca, uno de los principales corredores de comercio binacional. Gremios de transporte han advertido que las restricciones pueden incentivar el contrabando y afectar economías locales que dependen del intercambio cotidiano entre ambos países.
Más allá de la coyuntura, la disputa revela la fragilidad de los mecanismos de integración regional cuando las tensiones políticas y de seguridad se trasladan al terreno comercial. La imposición de aranceles recíprocos rompe con el espíritu de libre comercio que caracteriza a la CAN y pone a prueba la capacidad del bloque para resolver controversias mediante canales institucionales.
El desenlace dependerá de la disposición de Bogotá y Quito para retomar el diálogo y evitar una guerra comercial de mayores proporciones. Mientras tanto, productores, exportadores y consumidores asumen los costos de una escalada que, aunque presentada como defensa de intereses nacionales, termina afectando la estabilidad económica en ambos lados de la frontera.
#CANAL CORDOBA
