Comedores de emergencia: el modelo que nació tras el sismo y ahora llegará a Córdoba y Urabá
El Gobierno Nacional decidió convertir en política replicable una experiencia que surgió en medio de la urgencia. Tras los resultados obtenidos en Cundinamarca luego del sismo del 8 de junio, la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) confirmó que extenderá el modelo de comedores populares de emergencia a Córdoba y al Urabá antioqueño, territorios golpeados por fenómenos naturales recurrentes.
La decisión se adoptó luego de una visita técnica a Paratebueno y Medina, donde el director de la entidad, Carlos Carrillo, verificó en terreno la operación del piloto implementado tras el sismo de magnitud 6,5 Mw. La experiencia, según la entidad, demostró que es posible garantizar alimentación caliente, diaria y organizada, incluso en contextos de infraestructura limitada, si existe articulación con las Juntas de Acción Comunal.
Durante 90 días de funcionamiento, los comedores entregaron más de 250 raciones diarias a población priorizada: adultos mayores, niños, mujeres cabeza de hogar y personas inscritas en el Registro Único de Damnificados (RUD). Más que cifras, el piloto dejó una lección operativa: la atención humanitaria puede estructurarse desde lo comunitario sin perder estándares técnicos.
Uno de los elementos diferenciadores fue el diseño nutricional de los menús bajo lineamientos del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), lo que permitió garantizar calidad alimentaria en medio de la contingencia. A esto se sumó la contratación de talento humano local, una estrategia que no solo resolvió la logística del servicio, sino que también dinamizó la economía en municipios afectados por la emergencia.
El modelo, en ese sentido, trasciende la asistencia básica. No se trata únicamente de repartir alimentos, sino de activar redes comunitarias, generar empleo temporal y fortalecer capacidades organizativas. La UNGRD, además, brindó acompañamiento jurídico y técnico a las juntas responsables de la operación, e impulsó capacitaciones en gestión comunitaria del riesgo. El objetivo: que la ayuda inmediata se convierta en un punto de partida para mejorar la preparación ante futuras crisis.
La expansión hacia Córdoba y Urabá antioqueño no es casual. Ambas regiones enfrentan vulnerabilidades estructurales derivadas de inundaciones, deslizamientos y condiciones socioeconómicas complejas. Replicar el modelo allí implica reconocer que la alimentación caliente, constante y organizada es una de las primeras líneas de respuesta humanitaria, especialmente cuando los desastres interrumpen ingresos y cadenas de abastecimiento.
Sin embargo, el desafío será sostener la iniciativa más allá de la fase piloto. La experiencia en Cundinamarca tuvo una duración definida de 90 días; su traslado a nuevos territorios exigirá recursos suficientes, coordinación interinstitucional y mecanismos de control que garanticen transparencia y continuidad.
En un país donde las emergencias naturales tienden a repetirse, la política pública no puede limitarse a la reacción. El modelo de comedores populares de emergencia plantea una alternativa que combina asistencia inmediata con fortalecimiento comunitario. Si logra consolidarse, podría convertirse en un estándar nacional de atención humanitaria con enfoque territorial.
La clave estará en mantener el equilibrio entre rapidez operativa y sostenibilidad. Porque en contextos de desastre, garantizar un plato de comida caliente no es solo una medida de alivio temporal: es un acto de dignidad que puede marcar la diferencia entre la precariedad y la resiliencia colectiva.
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