Consejo Nacional del Arroz respalda medidas del Gobierno y sectores productivos se apartan del paro nacional
En un escenario marcado por tensiones y llamados a movilización, el Consejo Nacional del Arroz manifestó su respaldo a las medidas adoptadas por el Gobierno nacional para atender la coyuntura que enfrenta el sector arrocero, al tiempo que varios distritos de riego de Huila y Tolima anunciaron que no participarán en el paro convocado para el 2 de marzo.
Durante la sesión realizada el 24 de febrero en Bogotá, el gremio reconoció el trabajo adelantado por el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural y solicitó fortalecer las acciones implementadas para estabilizar el mercado y proteger el ingreso de los productores. La reunión se dio en un momento clave, cuando el sector enfrenta presiones derivadas de la volatilidad de precios y la incertidumbre sobre el comportamiento del mercado en el primer semestre del año.
De acuerdo con la cartera agropecuaria, en el encuentro se socializaron las resoluciones 042 y 043 de 2026, que establecen apoyos directos para productores de arroz paddy verde. Estas disposiciones buscan amortiguar el impacto de la caída de precios y garantizar condiciones mínimas de rentabilidad en las zonas rurales, donde el cultivo del arroz representa una fuente esencial de empleo y dinamismo económico.
El Ejecutivo también destacó la continuidad de medidas en materia de comercio exterior, entre ellas el cierre de importaciones terrestres por el sur del país y la aplicación de un arancel adicional del 30% a las compras marítimas. Estas decisiones apuntan a contener la presión de producto extranjero sobre la producción nacional, en un contexto donde los agricultores han advertido sobre la competencia desleal y la pérdida de competitividad.
La postura asumida por los distritos de riego de Huila y Tolima —regiones históricamente arroceras— marca un giro relevante en la coyuntura. Al apartarse de la movilización nacional y privilegiar el diálogo institucional, estos actores envían un mensaje de confianza en los mecanismos de concertación. Más que una división interna, el hecho evidencia la existencia de distintas lecturas sobre la efectividad de las medidas y la conveniencia de acudir a la protesta como herramienta de presión.
Desde una perspectiva estructural, la coyuntura revela las tensiones recurrentes del sector arrocero colombiano: dependencia de factores climáticos, vulnerabilidad ante las fluctuaciones internacionales y desafíos en competitividad y costos de producción. Las medidas anunciadas representan un alivio inmediato, pero el debate de fondo gira en torno a la necesidad de soluciones de largo plazo que fortalezcan la productividad, la tecnificación y el acceso a mercados.
El respaldo del Consejo Nacional del Arroz otorga al Gobierno un margen político para avanzar en la implementación de las resoluciones, pero también implica una responsabilidad mayor: demostrar que los apoyos serán oportunos, suficientes y transparentes. En un sector donde el margen de ganancia suele ser estrecho, cualquier demora o insuficiencia puede traducirse en inconformidad social.
El paro convocado para el 2 de marzo, aunque pierde fuerza con la decisión de algunos distritos de no sumarse, sigue siendo un termómetro del malestar acumulado. El desenlace dependerá de la capacidad institucional para transformar los compromisos en resultados concretos y de la voluntad de los distintos actores para sostener el diálogo.
En medio de la coyuntura, el arroz —producto esencial en la canasta básica de los colombianos— se convierte nuevamente en epicentro de un debate que combina economía, política agrícola y estabilidad social. La ruta escogida por el gremio y por parte de los productores sugiere que, al menos por ahora, el diálogo se impone como la vía prioritaria para enfrentar la crisis.
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