Colombia

Contraloría avala compra de aviones Gripen y respalda modernización estratégica de la Fuerza Aérea

La Contraloría General de la República dio luz verde a uno de los contratos de defensa más relevantes de las últimas décadas en Colombia: la adquisición de 17 aviones de combate Gripen, de fabricación sueca, que reemplazarán la envejecida flota Kfir de la Fuerza Aeroespacial Colombiana. Tras una revisión integral del proceso contractual —cuyo contenido fue clasificado como secreto y ultrasecreto por razones de seguridad nacional— el ente de control concluyó que la negociación se ajusta a la ley y responde a las necesidades estratégicas del país.

El aval de la Contraloría no es un detalle menor. En un contexto de alta sensibilidad política y fiscal, la compra de aeronaves de combate suele generar debates intensos sobre prioridades presupuestales, transparencia y pertinencia estratégica. Sin embargo, el órgano de control determinó que la propuesta presentada por la empresa Saab fue la más favorable, tanto en términos operativos como financieros, frente a otras opciones evaluadas por el Gobierno.

Uno de los principales argumentos técnicos que respaldan la decisión es la capacidad de los Gripen para integrarse rápidamente a las condiciones geográficas y logísticas de Colombia. Según el análisis de la Contraloría, estas aeronaves ofrecen menores costos por hora de vuelo, mayor eficiencia operativa y una adaptación más sencilla a la infraestructura existente, incluyendo la posibilidad de operar en pistas cortas e incluso carreteras, un factor clave en escenarios de defensa y control territorial.

El contrato no se limita a la compra de aeronaves. Incluye entrenamiento técnico y operacional, soporte logístico integral y armamento estratégico de última generación, lo que apunta a una modernización estructural de la Fuerza Aeroespacial y no simplemente a un relevo de equipos obsoletos. En ese sentido, la Contraloría subrayó que el paquete contratado responde de manera integral a las necesidades de defensa aérea del país en el mediano y largo plazo.

Otro componente central del contrato es el esquema de compensaciones industriales, sociales y militares, conocido como offset. De acuerdo con el ente de control, el 85 % de los créditos offset se destinará a un componente social que será desarrollado por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, mientras que el 15 % restante se enfocará en fortalecer la industria aeronáutica nacional y las capacidades operativas de la Fuerza Aeroespacial Colombiana. Este punto resulta clave para justificar el impacto del contrato más allá del ámbito estrictamente militar, al vincularlo con desarrollo industrial y transferencia de conocimiento.

Desde el punto de vista financiero, la Contraloría destacó que el esquema de pagos fue diseñado para reducir presiones inmediatas sobre las finanzas públicas. El contrato contempla un anticipo del 40 %, distribuido en seis cuotas entre 2026 y 2031, y un pago del 60 % restante contra entrega de las aeronaves entre 2028 y 2032. Además, incluye garantías de cumplimiento, calidad y cláusulas penales, conforme a la normativa colombiana, lo que busca blindar al Estado frente a eventuales incumplimientos.

Con su pronunciamiento, la Contraloría no solo respalda una decisión estratégica del Gobierno de Gustavo Petro, sino que también envía un mensaje sobre la viabilidad institucional de un proceso que, por su naturaleza, exige altos niveles de reserva y rigor técnico. El ente fue enfático al señalar que la evaluación comparativa de las propuestas llevó a concluir que la oferta de Saab-Gripen fue la que mejor se ajustó a las expectativas y necesidades estratégicas del país.

La modernización de la flota aérea se convierte así en un punto de inflexión para la defensa nacional, en momentos en que Colombia enfrenta desafíos complejos en seguridad, control del espacio aéreo y protección de su soberanía. El aval del órgano de control no cierra el debate público, pero sí le otorga un respaldo técnico e institucional a una de las apuestas más ambiciosas del actual Gobierno en materia de seguridad y defensa.

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