Corte Suprema evalúa futuro judicial de Julio Elías Chagüi en caso UNGRD tras cierre de etapa probatoria
El senador Julio Elías Chagüi enfrenta uno de los momentos más delicados de su carrera política en medio del escándalo por presuntas irregularidades en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD). Las investigaciones buscan determinar si millonarios contratos destinados a obras de mitigación de inundaciones habrían sido utilizados como mecanismo de presión o incentivo político para respaldar la reforma a la salud en la Comisión Primera del Senado.
El proceso judicial se sustenta principalmente en los testimonios de los exdirectivos de la entidad, Olmedo López y Sneyder Pinilla, quienes han declarado ante la Fiscalía General de la Nación y la Corte Suprema de Justicia. Según la versión de López, en diciembre de 2023 habría recibido instrucciones para direccionar contratos por 35.000 millones de pesos en beneficio del congresista. Posteriormente, presuntamente se habría realizado una reunión en Bogotá donde se discutió la posibilidad de un contrato por 30.000 millones de pesos para obras en Sahagún, Córdoba.
Pinilla, por su parte, entregó a la Corte Suprema conversaciones y chats que, según su relato, evidenciarían la intervención del senador en la gestión técnica del proyecto. De acuerdo con estas declaraciones, el contrato finalmente no se habría firmado tras estallar el escándalo en febrero de 2024. A estas acusaciones se sumó la exasesora del Ministerio de Hacienda, María Alejandra Benavides, quien aseguró que el senador manifestó representar a nueve congresistas y que se habrían impulsado proyectos de Invías por 15.700 millones de pesos en municipios cordobeses.
Pese a la gravedad de los señalamientos, Chagüi ha rechazado de manera categórica cualquier conducta ilegal. Su defensa sostiene que todas las gestiones realizadas se enmarcaron dentro de las funciones propias de un congresista y niega que existan pruebas que demuestren direccionamiento indebido de contratos o recepción de recursos provenientes de la UNGRD.
A febrero de 2026, el senador no ha sido imputado formalmente. Sin embargo, la Corte Suprema —competente para investigarlo por su fuero parlamentario— ya cerró la etapa probatoria y se encuentra en fase de decisión sobre un eventual llamado a juicio. Este momento procesal es clave: de confirmarse la acusación formal, el caso pasaría a una etapa de juzgamiento que podría redefinir no solo la trayectoria política del congresista, sino también el alcance institucional de la investigación.
El escándalo de la UNGRD se ha convertido en uno de los episodios más sensibles del panorama político reciente, pues pone en el centro del debate la presunta utilización de recursos públicos destinados a la gestión del riesgo con fines políticos. La posibilidad de que contratos para obras de mitigación de inundaciones se hayan vinculado a apoyos legislativos abre interrogantes sobre la transparencia en la ejecución presupuestal y la relación entre Ejecutivo y Congreso.
Más allá de la responsabilidad individual, el caso refleja las tensiones estructurales del sistema político colombiano, donde la asignación de recursos regionales suele cruzarse con dinámicas de poder y negociación legislativa. La decisión que adopte la Corte Suprema marcará un precedente relevante en la lucha contra la corrupción y en la delimitación de responsabilidades de los congresistas en la gestión de proyectos ante entidades del Estado.
Mientras tanto, el país permanece atento al desenlace de un proceso que combina testimonios controvertidos, millonarias cifras y un trasfondo político de alto impacto. La resolución judicial no solo definirá la situación de un senador, sino que también pondrá a prueba la solidez institucional frente a uno de los escándalos más complejos de los últimos años.
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