Corte Suprema frena aranceles de Trump y abre un respiro temporal para exportadores colombianos en medio de nueva ofensiva comercial
La reciente decisión de la Corte Suprema de Estados Unidos de limitar la facultad del presidente Donald Trump para imponer aranceles generalizados marca un punto de inflexión en la política comercial estadounidense y genera efectos indirectos para economías exportadoras como la colombiana. Sin embargo, el aparente alivio podría ser transitorio: en respuesta al fallo, el mandatario anunció la imposición de un arancel global del 10 % por 150 días, utilizando otra base legal.
El tribunal determinó que el Ejecutivo excedió su autoridad al aplicar tarifas unilaterales amplias bajo la Ley de Poderes Económicos en Emergencias Internacionales (Ieepa), norma concebida para responder a amenazas extraordinarias, no para rediseñar de manera estructural la política arancelaria. Con esta decisión, se limita el uso expansivo de una herramienta que durante meses funcionó como eje de presión comercial frente a múltiples socios, entre ellos Colombia.
Para el sector exportador colombiano, particularmente el floricultor y el agroindustrial, el fallo representaba una oportunidad para recuperar márgenes y estabilidad. Estados Unidos es el principal destino de las flores colombianas, y la imposición de aranceles amplios redujo la competitividad frente a otros proveedores. Aunque formalmente los gravámenes recaen sobre los importadores estadounidenses, en la práctica el costo se redistribuye a lo largo de la cadena, afectando precios, contratos y rentabilidad.
Durante la vigencia de las tarifas, varias empresas optaron por absorber parte del impacto para no perder participación en temporadas clave como San Valentín o el Día de la Madre. Esa estrategia, sostenible solo en el corto plazo, presionó los márgenes y obligó a ajustes internos en costos logísticos y productivos. El agro, por su parte, enfrentó un escenario similar, especialmente en productos sensibles al precio final en góndola.
No obstante, el anuncio de un arancel global del 10 % por 150 días, ahora amparado en el artículo 122 de la Ley de Comercio de 1974, reintroduce la incertidumbre. Esta norma permite al presidente imponer tarifas de hasta el 15 % durante un periodo limitado cuando existan problemas “graves e importantes” en la balanza de pagos, sin exigir procesos investigativos extensos. La estrategia sugiere que, aunque el tribunal restringió una vía jurídica, el Ejecutivo aún dispone de herramientas para mantener presión comercial.
Desde una perspectiva periodística, el episodio revela una tensión estructural entre el poder presidencial y los límites institucionales en materia de comercio exterior. La Corte no desmanteló la política arancelaria como instrumento, pero sí estableció un precedente sobre el alcance de las facultades extraordinarias. En términos prácticos, el mensaje es que la política comercial no puede sustentarse indefinidamente en estados de emergencia.
Para Colombia, el escenario es ambiguo. Por un lado, el fallo judicial fortalece la previsibilidad normativa, un factor clave para los inversionistas y exportadores. Por otro, la nueva ofensiva arancelaria —aunque temporal— mantiene la volatilidad en los mercados. Las decisiones de compra en Estados Unidos, especialmente en sectores agrícolas, responden a ciclos de corto plazo y a sensibilidad en precios; cualquier incremento, así sea transitorio, altera contratos y proyecciones.
El impacto también depende de la capacidad diplomática y comercial de Colombia para gestionar su relación bilateral. El país cuenta con un tratado de libre comercio con Estados Unidos, pero este no es inmune a medidas adoptadas bajo argumentos de seguridad económica o balanza de pagos. La coordinación institucional y el diálogo técnico serán determinantes para evitar afectaciones desproporcionadas.
En el trasfondo, el caso ilustra cómo las decisiones judiciales internas en Washington pueden tener efectos directos en productores a miles de kilómetros. Un fallo en la Corte Suprema puede traducirse en mayor o menor estabilidad para cultivadores en la Sabana de Bogotá o empresarios agroindustriales en el Caribe colombiano.
La pregunta de fondo no es solo jurídica, sino estratégica: ¿hasta qué punto la política arancelaria seguirá siendo utilizada como instrumento de negociación política? Mientras esa respuesta se define, los exportadores colombianos deberán navegar entre el alivio parcial que ofrece el fallo y la incertidumbre que trae consigo el nuevo arancel temporal.
En un entorno global donde el comercio se entrelaza con la geopolítica, la estabilidad normativa se convierte en un activo tan valioso como la competitividad productiva. Para Colombia, el reto inmediato será adaptarse con rapidez, proteger sus sectores más sensibles y mantener abiertas las rutas comerciales en medio de un tablero internacional que cambia con cada decisión en Washington.
#CANAL CORDOBA
