Crisis arrocera en Colombia llega a un punto crítico por caída del 30% en los precios pagados al productor
El sector arrocero colombiano enfrenta uno de los momentos más complejos de su historia reciente debido a una marcada contracción en los precios del arroz paddy verde, la modalidad en que los agricultores venden su cosecha a la industria. De acuerdo con análisis revelados por Agronegocios y confirmados por la Federación Nacional de Arroceros (Fedearroz), el valor pagado al productor registra una caída acumulada del 30% desde la cosecha del año 2023. Esta drástica disminución genera un desbalance económico severo, dado que los costos de producción —impulsados principalmente por el alza sostenida en los fertilizantes e insumos agrícolas— continúan en aumento.
El comportamiento histórico de los precios evidencia la profundidad de la desaceleración comercial. En enero de 2024, la tonelada de arroz paddy verde se cotizaba en $1,68 millones de pesos, alcanzando un pico de $1,84 millones en junio de ese mismo año. No obstante, a partir de ese momento la cotización sufrió un desplome progresivo hasta tocar un piso de $1,39 millones de pesos por tonelada en septiembre de 2025. Para septiembre de 2026, la cotización apenas ha mostrado una leve recuperación al ubicarse en $1,45 millones de pesos, un monto que resulta insuficiente y se sitúa muy por debajo de las cifras requeridas para cubrir los costos mínimos de siembra y mantenimiento del cultivo.
Frente a este escenario, los gremios del sector señalan que detrás del desplome existe una combinación perjudicial de factores estructurales y de mercado que vienen denunciando de manera reiterada. En primer lugar, se destaca un estancamiento prolongado en la demanda interna, pues el consumo per cápita en el país se ha mantenido congelado durante los últimos siete años en poco más de 40 kilogramos anuales por habitante. A esto se suma el ingreso masivo de arroz procedente de Estados Unidos y Ecuador, tanto por canales de importación legal como de contrabando, lo que ha saturado la oferta en los centros de acopio.
La problemática se agrava por la concentración en la comercialización, caracterizada por la presencia de pocos molinos compradores en el país, unida a la falta de políticas de regulación efectivas por parte del Gobierno Nacional que permitan estabilizar los precios de garantía para el agricultor. Esta coyuntura deja vulnerables a miles de familias campesinas que dependen directamente del cultivo de este cereal en las principales zonas arroceras del territorio nacional.
Al respecto, el gerente general de Fedearroz, Rafael Hernández, enfatizó la gravedad de la situación financiera que atraviesan los agricultores colombianos. El dirigente gremial precisó que «este año el precio ha bajado 3%, pero trae una contracción de 30% desde 2023 que no los favorece porque los costos han aumentado», haciendo un llamado urgente a las autoridades del sector agropecuario para implementar medidas institucionales que mitiguen el impacto económico y protejan la soberanía alimentaria del país.
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