Crisis del sistema de salud: Gobierno ordena liquidar EPS en quiebra y abre debate sobre el futuro de millones de afiliados
La crisis estructural del sistema de salud en Colombia ha entrado en una fase decisiva tras el anuncio del presidente Gustavo Petro, quien ordenó avanzar en la liquidación de las Entidades Promotoras de Salud (EPS) que se encuentren en quiebra. La medida, adoptada luego del fracaso de la reforma a la salud en el Congreso, representa uno de los giros más contundentes en la política pública del sector en las últimas décadas.
Durante el más reciente consejo de ministros, el mandatario fue enfático: el Estado no asumirá las deudas acumuladas por estas entidades, que ascienden a cerca de 50 billones de pesos. La instrucción fue dirigida al ministro de Hacienda, Germán Ávila, y al ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, quienes deberán ejecutar el proceso de liquidación en medio de un escenario altamente sensible para millones de usuarios.
El anuncio no solo tiene implicaciones administrativas, sino también sociales. Actualmente, ocho EPS intervenidas concentran cerca del 43 % de los afiliados al sistema, lo que convierte esta decisión en un asunto de alto impacto nacional. Entre las entidades en situación crítica se encuentran Nueva EPS, Famisanar, Coosalud, Asmet Salud, Emssanar, Savia Salud, Servicio Occidental de Salud y Capresoca.
De este grupo, Nueva EPS aparece como el principal eje de la estrategia gubernamental. Con más de 10 millones de afiliados y una participación estatal del 50 %, esta entidad podría convertirse en el receptor de los usuarios que queden sin asegurador, lo que plantea un escenario de concentración sin precedentes dentro del sistema.
Desde una perspectiva argumentativa, la decisión del Gobierno responde a una lógica de urgencia frente a un modelo que ha mostrado signos de agotamiento. Las EPS han sido objeto de críticas recurrentes por problemas de liquidez, retrasos en pagos a prestadores y fallas en la prestación del servicio. En ese contexto, la liquidación de entidades inviables podría interpretarse como una medida necesaria para depurar el sistema y evitar un colapso financiero mayor.
Sin embargo, la medida también abre un debate profundo sobre sus riesgos. La principal preocupación gira en torno a la continuidad en la atención de los pacientes. La eventual desaparición de varias EPS podría generar interrupciones en tratamientos médicos, dificultades en la asignación de citas y retrasos en la entrega de medicamentos, afectando especialmente a poblaciones vulnerables y a pacientes con enfermedades crónicas.
Además, la concentración de afiliados en una sola entidad como Nueva EPS plantea interrogantes sobre su capacidad operativa. Asumir millones de nuevos usuarios implicaría un desafío logístico y financiero enorme, que podría derivar en nuevas fallas si no se cuenta con una estructura robusta y recursos suficientes para responder a la demanda.
El anuncio también tiene implicaciones políticas. Tras el hundimiento de la reforma a la salud, el Gobierno parece optar por una transformación del sistema a través de decisiones administrativas, lo que ha generado críticas desde distintos sectores que consideran que un cambio de esta magnitud debería pasar por un debate legislativo más amplio.
A esto se suma el impacto económico de la decisión. Aunque el Ejecutivo ha dejado claro que no asumirá las deudas de las EPS, la liquidación de estas entidades podría generar efectos en cadena sobre clínicas, hospitales y proveedores, muchos de los cuales dependen de los pagos de estas aseguradoras para su funcionamiento.
En este contexto, el país se enfrenta a una encrucijada. Por un lado, existe la necesidad de corregir las fallas estructurales de un sistema que ha sido cuestionado durante años. Por otro, está el reto de garantizar que cualquier transición no afecte el acceso a la salud de millones de ciudadanos.
La forma en que se ejecute este proceso será determinante. Más allá de la decisión política, el éxito de la medida dependerá de la capacidad institucional para gestionar la transición, proteger a los usuarios y asegurar la continuidad de los servicios.
En medio de la incertidumbre, una conclusión es clara: el sistema de salud colombiano atraviesa uno de los momentos más críticos de su historia reciente. La liquidación de las EPS en quiebra no solo representa el cierre de un modelo, sino también el inicio de una nueva etapa cuyo desenlace aún está por definirse.
#CANAL CORDOBA
