Cuando la red debe rendir cuentas: la sanción a X y el nuevo rumbo de la regulación digital global
El 5 de diciembre de 2025 quedará marcado como un día clave en la historia de la regulación digital: la Comisión Europea impuso a X —antes conocida como Twitter— una multa de 120 millones de euros por violar obligaciones de transparencia previstas en la Digital Services Act (DSA).
Este castigo no es un simple caso aislado, sino el primero de su tipo bajo la nueva ley europea, lo que lo convierte en un precedente con alcance global.
¿Qué hizo X para merecer la sanción?
La multa se dividió en tres señalamientos principales:
• Su sistema de “marca azul” (‘blue checkmark’) de verificación: X permitía que cualquier usuario con pago accediera al estatus de verificado —sin comprobación real de identidad—, lo que engañaba a usuarios haciéndoles creer que estaban interactuando con perfiles auténticos. Ese “diseño engañoso” vulnera lo que la DSA prohíbe: presentaciones falsas de verificación.
• Falta de transparencia en su repositorio de publicidad: la base de datos de anuncios de X no cumplía los requisitos de accesibilidad, ni detallaba suficientemente quién pagaba los anuncios, su contenido, su público objetivo ni su finalidad. Esa opacidad impide detectar campañas maliciosas, desinformación o propaganda encubierta.
• Obstáculos para investigadores: la plataforma blindaba datos públicos (por ejemplo estadísticas de ads, difusión, alcance, datos de interacción), limitando la posibilidad de auditorías independientes sobre desinformación, manipulaciones o uso indebido de la plataforma.
La Comisión Europea consideró que estos incumplimientos no fueron leves ni temporales, sino estructurales y sostenidos —amenazando la información veraz, la seguridad digital y la transparencia informativa.
Por qué esta sanción tiene valor global — no solo para Europa
- Regulación real para gigantes digitales
Hasta ahora, muchas plataformas operaban bajo una lógica de autorregulación, escasa fiscalización o reglas flexibles. Con esta multa, la DSA demuestra que puede y quiere aplicar sanciones concretas, vinculantes y disuasorias a empresas globales. El mensaje es claro: pertenecer al mercado digital europeo requiere cumplimiento real. - Protección al usuario y al debate público
La venta de verificación indiscriminada, la publicidad opaca, la falta de datos públicos… todo eso afecta directamente al usuario final: posibilita fraudes, suplantaciones, manipulación de discursos, desinformación. La sanción busca colocar el valor de la verdad y la transparencia por encima de las ganancias. - Presión sobre modelos de negocio dependientes del marketing y las suscripciones
Muchas plataformas podrían estar estudiando este caso como un precedente: demostrar que los ingresos por publicidad, suscripciones o verificación pagada no los exime de obligaciones en pro de la transparencia. Esto incentiva nuevos modelos más responsables o la adaptación —o el riesgo de sanciones similares. - Impulso a leyes similares fuera de Europa
El mundo observa lo que pasa en Europa. Gobiernos con democracias jóvenes o en construcción pueden ver este caso como ejemplo para legislar regulación digital, protección de datos y responsabilidad de plataformas.
Riesgos, tensiones y reacciones adversas
No todo está resuelto ni hay consenso. Desde Estados Unidos —país de origen de X— se levantaron voces críticas. Autoridades políticas consideraron la multa un “ataque” contra la libertad de expresión y contra las empresas tecnológicas estadounidenses.
Además, es posible que las sanciones económicas —aunque grandes— no sean suficientes para cambiar prácticas, si los ingresos generales de la compañía siguen siendo altos. Para que la DSA tenga efecto real, debe venir acompañada de vigilancia constante y voluntad de sancionar reiteraciones, lo cual será el nuevo gran desafío.
Finalmente, este conflicto refuerza el debate sobre soberanía digital: ¿quién decide las reglas en internet? ¿Un bloque político como la UE con capacidades coercitivas, o una lógica global / corporativa sin fronteras? La tensión ya se nota: ante la sanción X y su dueño respondieron con amenazas de adoptar medidas legales.
¿Qué puede cambiar de ahora en adelante?
• Plataformas digitales —no solo X— revisarán sus políticas internas: verificación, publicidad, transparencia publicitaria, acceso a datos públicos. Muchas pueden optar por mejorar sus estándares voluntariamente.
• Usuarios podrían ganar en confianza: menor riesgo de cuentas falsas, fraude o manipulación; más claridad sobre quién paga qué anuncio.
• Investigadores, medios y sociedad civil podrían tener mayor acceso a datos: lo que permitirá auditorías, estudios sobre desinformación, publicidad engañosa o manipulación mediática.
• Gobiernos y reguladores de otros continentes podrían inspirarse en la DSA para proponer marcos similares, cuidando derechos digitales y regulando con criterios de responsabilidad.
Conclusión: la multa a X no es castigo simbólico — es un paso hacia la responsabilidad digital
Que una red social tan grande haya recibido la primera sanción real bajo la DSA marca un antes y un después. No se trata solo de una multa millonaria, sino de abrir camino hacia un internet con reglas claras, sobre quien publica, qué paga, qué es publicidad, qué es contenido y qué datos están disponibles para todos.
La sanción revela que la “libertad digital” no puede ser sinónimo de impunidad, opacidad o engaño. Que la economía de la atención, de los seguidores o de los clics debe estar acompañada de ética, transparencia y responsabilidad.
Si Europa demuestra que puede imponer sus propias reglas —y hacerlas cumplir—, el resto del mundo debería observar con atención. Esta podría ser la semilla de una nueva era digital: una en la que los gigantes de internet paguen un precio real si no respetan sus usuarios, su democracia y la verdad.
