El debate que marcará el 2026 laboral: entre presiones salariales y el pulso por un nuevo modelo de trabajo en Colombia
La discusión nacional alrededor del salario mínimo y las condiciones laborales en Colombia ha entrado en una fase decisiva que trasciende el simple ajuste anual. Lo que está ocurriendo en la mesa de concertación —y fuera de ella, con la presión pública de gremios, sindicatos y Gobierno— expone un choque de visiones sobre cómo debe funcionar la economía del trabajo en el país. La negociación del salario mínimo para 2026 se convirtió, más que en una cifra, en un símbolo de tensiones estructurales que llevan años acumulándose, pero que hoy emergen de manera más visible en medio de la reducción de la jornada laboral, la desaceleración económica y la vulnerabilidad creciente de las familias trabajadoras.
Aunque el salario mínimo vigente supera los $1,4 millones sin incluir auxilio de transporte, su capacidad real de compra es un asunto que preocupa a la mayoría de hogares que dependen de él. La inflación ha cedido, pero no lo suficiente como para equilibrar la balanza frente al costo de vida, especialmente en rubros como alimentos, transporte y vivienda, donde los colombianos de menores ingresos destinan la mayor parte de su presupuesto. Por eso, las centrales obreras plantean aumentos de dos dígitos, insistiendo en un reajuste que “recupere dignidad” y compense lo que consideran un rezago histórico. Los empresarios, por su parte, temen que incrementos elevados desencadenen una ola de costos operativos incontrolables, especialmente para las pequeñas y medianas empresas, que ya enfrentan márgenes reducidos y contracción en la demanda.
Pero la puja salarial no se desarrolla en un vacío. A su alrededor gravita otro cambio de enorme dimensión: la reducción gradual de la jornada laboral, que recortará la duración semanal de trabajo a 42 horas sin afectar el salario. Esta medida, celebrada por sectores laborales como un avance histórico en bienestar y equilibrio vida-trabajo, plantea desafíos sustanciales para muchas empresas, que deben reorganizar turnos, asumir horas extra más costosas o aumentar la contratación para mantener los niveles de productividad. Aunque la norma busca modernizar el mercado laboral, sus efectos aún son inciertos en sectores intensivos en mano de obra, donde cada hora representa una diferencia crítica en costos.
Ambas discusiones —salario y jornada— se entrelazan para componer un escenario particularmente complejo: el país está redefiniendo su modelo laboral en un momento económico delicado. Con la actividad productiva en un ritmo moderado y un mercado laboral marcado por la informalidad —que supera el 55 % en varias regiones— cualquier decisión tomada en la mesa de concertación termina afectando no solo las cifras macroeconómicas, sino la cotidianidad de millones de colombianos.
La discusión también ha evidenciado fracturas dentro del sector empresarial, con gremios como Fenalco retirándose de la mesa al considerar que no hay garantías técnicas para una negociación equilibrada. Para el Gobierno, el retiro de cualquier actor clave complica aún más un proceso que, por naturaleza, exige consenso y corresponsabilidad. Y para los trabajadores, esta fractura se interpreta como una intención de debilitar su capacidad de incidencia.
Cada diciembre, la negociación del salario mínimo se convierte en uno de los pulsos más tensos del país, pero el debate de este año llega con una particularidad: ya no se trata solo de cuánto se gana, sino de cómo, cuándo y en qué condiciones se trabaja. El país parece encontrarse ante una transición laboral que puede avanzar hacia un modelo más humano y equilibrado, o derivar en un escenario de presiones para el empleo formal y mayor precarización en sectores vulnerables.
En este contexto, las decisiones que se tomen no solo marcarán el inicio del 2026, sino que quedarán como referencia de cómo Colombia quiere reorganizar su estructura laboral en una economía global en transformación. Mientras trabajadores y empresarios esperan que la mesa no culmine nuevamente en decreto unilateral, el país observa con atención un debate que, más que técnico, es profundamente social: ¿cuál es el valor justo del trabajo en Colombia y qué tipo de país queremos construir alrededor de él?
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