De cabecilla criminal a gestor de paz: la designación de alias ‘El Montañero’ desata choque entre seguridad y negociación
La decisión del Gobierno de designar como gestor de paz a Gustavo Adolfo Pérez Peña, alias ‘El Montañero’, cabecilla de la estructura criminal ‘El Mesa’, ha abierto un nuevo frente de controversia en la ya compleja política de seguridad del país. La medida, que implica la suspensión de la orden de captura en su contra, llega en un momento particularmente sensible: apenas días después de un operativo en Bogotá que permitió la captura de 23 integrantes de esa misma red, incluidos ocho sicarios señalados de múltiples homicidios.
El contraste no podría ser más contundente. Mientras las autoridades destacan el éxito de una investigación que tomó cerca de un año —con infiltración de agentes encubiertos y seguimiento detallado de la estructura criminal—, el Gobierno opta por otorgar un estatus que, en la práctica, flexibiliza la acción judicial contra quien es considerado uno de los principales articuladores de esa organización.
La reacción del alcalde de la ciudad refleja el sentir de un sector importante de la opinión pública: la medida es vista como una incoherencia que debilita la lucha contra el crimen organizado. En efecto, el mensaje que se proyecta resulta ambiguo: por un lado se capturan y judicializan miembros de la estructura; por el otro, se abre la puerta a beneficios para su máximo líder.
La organización ‘El Mesa’, con origen en Bello, Antioquia, no es un actor menor dentro del entramado criminal urbano. Durante más de una década ha operado en la capital bajo esquemas que combinan ilegalidad y mimetización, utilizando fachadas como el servicio de taxi para facilitar el tráfico de drogas, armas y la ejecución de homicidios selectivos. Su presencia en localidades como Suba y Usme ha estado marcada por el control territorial y la violencia sistemática.
En ese contexto, la figura de alias ‘El Montañero’ adquiere un peso particular. Su historial judicial, que incluye múltiples capturas y señalamientos por delitos graves, lo ubica como un actor de alta peligrosidad. A esto se suman las investigaciones que lo vinculan con estructuras armadas de mayor alcance, como el ELN y redes criminales transnacionales.
La apuesta del Gobierno se inscribe dentro de la estrategia de “paz total”, que busca abrir canales de diálogo incluso con estructuras criminales urbanas. Sin embargo, este caso pone en evidencia los riesgos de esa política cuando no se establecen límites claros ni condiciones verificables. La figura de gestor de paz, concebida como un instrumento para facilitar acercamientos, termina generando tensiones cuando recae sobre perfiles con amplio prontuario delictivo.
El problema de fondo no es únicamente jurídico, sino también simbólico. En territorios donde la presencia del Estado se mide, en gran parte, por su capacidad de garantizar seguridad, decisiones como esta pueden ser interpretadas como señales de debilidad institucional. Para las comunidades afectadas por la violencia, la suspensión de órdenes de captura contra líderes criminales puede percibirse como una forma de impunidad.
Al mismo tiempo, el caso plantea un dilema estructural: ¿es posible avanzar en procesos de paz sin involucrar a actores con alto poder criminal? La experiencia histórica en Colombia sugiere que cualquier intento de negociación implica costos y concesiones. No obstante, la legitimidad de esas decisiones depende de su coherencia y de los resultados que logren en términos de reducción de la violencia.
La reciente captura de miembros de ‘El Mesa’ demuestra que las capacidades investigativas y operativas del Estado siguen siendo efectivas. Pero la designación de su líder como gestor de paz introduce una variable que podría desdibujar esos logros, al enviar señales contradictorias tanto a la ciudadanía como a otras estructuras criminales.
En última instancia, el caso de alias ‘El Montañero’ evidencia las tensiones inherentes a una política que busca equilibrar seguridad y negociación. El desafío no es menor: construir paz sin sacrificar la credibilidad institucional ni la confianza ciudadana. Por ahora, la controversia sigue abierta y deja una pregunta clave en el aire: ¿hasta dónde puede ceder el Estado sin comprometer su autoridad frente al crimen?
#CANAL CORDOBA
