Denuncia disciplinaria reabre el caso DMG y pone bajo escrutinio ético a Abelardo de la Espriella en plena campaña
Una nueva controversia irrumpe en el escenario electoral con la denuncia presentada por el fundador de la captadora ilegal DMG, David Murcia Guzmán, contra el hoy candidato presidencial Abelardo de la Espriella. La queja, radicada ante la Comisión Seccional de Disciplina Judicial y revelada por el periodista Daniel Coronell, pone en el centro del debate la ética profesional del abogado en medio de la contienda política.
Murcia sostiene que De la Espriella habría recibido $5.000 millones en efectivo como honorarios profesionales y que, tras abandonar su defensa meses después, no devolvió el dinero. La acusación, de ser cierta, configuraría una falta disciplinaria grave relacionada con el manejo de recursos y la responsabilidad contractual entre abogado y cliente. Sin embargo, corresponde ahora a la jurisdicción disciplinaria establecer si existen méritos suficientes para abrir una investigación formal.
El caso revive inevitablemente el recuerdo del escándalo financiero de DMG, considerado uno de los mayores fraudes masivos en la historia reciente del país. Aunque la denuncia no modifica las condenas que pesan sobre Murcia, sí traslada el foco hacia la conducta del profesional que lo representó en su momento. En ese contexto, la controversia no es solo jurídica, sino política.
La queja incluye además señalamientos sobre una presunta vulneración del deber de confidencialidad abogado–cliente. Murcia afirma que declaraciones públicas realizadas por De la Espriella habrían afectado su situación jurídica y su buen nombre. El deber de reserva es uno de los pilares de la profesión jurídica; su eventual transgresión constituye materia sensible en cualquier evaluación disciplinaria.
Otro punto controvertido es la supuesta negligencia durante el procedimiento de captura, particularmente en relación con el lugar y la fecha del operativo. Murcia asegura que no se dejó constancia de irregularidades que, según su versión, ocurrieron en Panamá y no en Cartagena. Aunque estos hechos hacen parte de un proceso ya juzgado, su mención en la denuncia busca demostrar un patrón de actuación que, a juicio del denunciante, fue perjudicial para su defensa.
El documento también menciona un posible conflicto de interés al señalar que, mientras ejercía la representación legal, De la Espriella habría iniciado acercamientos políticos con el entonces presidente Álvaro Uribe, quien posteriormente designó como notario al padre del abogado. Esta afirmación, que requerirá verificación probatoria, añade un componente político al expediente disciplinario.
La abogada Sondra Macollins, representante de Murcia, afirmó que “la política no puede ser una excusa para pasar por encima de la ética y del derecho”, subrayando la necesidad de que las autoridades evalúen el caso con rigor. Su declaración introduce un elemento clave en la discusión pública: la independencia de los procesos disciplinarios frente a la coyuntura electoral.
Desde una perspectiva periodística, el asunto plantea dos dimensiones diferenciadas. Por un lado, está el análisis jurídico sobre la eventual configuración de faltas éticas. Por otro, el impacto político que la denuncia puede tener en la campaña presidencial. En contiendas de alta polarización, los procesos judiciales o disciplinarios suelen convertirse en armas discursivas, independientemente de su desenlace.
La Comisión de Disciplina Judicial deberá determinar si la denuncia supera el umbral preliminar para abrir investigación formal. Ese paso, de darse, no implica culpabilidad, pero sí activa un proceso que podría extenderse más allá del calendario electoral. La presunción de inocencia, principio fundamental del Estado de derecho, debe prevalecer mientras no exista decisión en firme.
El caso evidencia cómo los capítulos del pasado pueden reactivarse en momentos estratégicos del debate público. DMG, un episodio que marcó profundamente la confianza financiera del país, vuelve a la escena, esta vez como telón de fondo de una disputa sobre ética profesional y responsabilidad política.
En plena campaña, la discusión no se limita a los tribunales. La credibilidad, la coherencia y la transparencia son activos esenciales para cualquier aspirante a la Presidencia. Será ahora la instancia disciplinaria la que determine si la controversia tiene sustento jurídico o si se trata de un episodio más en la dinámica confrontacional de la política colombiana.
#CANAL CORDOBA
