El ataque con drones cargados con explosivos contra el Cantón Militar San Jorge, en Saravena (Arauca), que dejó herida a una oficial de la Fuerza Aeroespacial, confirma una transformación preocupante en las dinámicas del conflicto armado en Colombia. Más allá del hecho puntual, el uso de esta tecnología por parte del ELN —según atribución oficial del Ejército— evidencia una escalada en las capacidades operativas de los grupos armados ilegales y plantea nuevos desafíos en materia de seguridad y defensa.
La uniformada fue evacuada de inmediato y recibe atención médica, mientras las Fuerzas Militares activaron un despliegue de tropas de apoyo, inteligencia, movilidad aérea y operaciones ofensivas en el departamento para evitar nuevos atentados. El comandante de las Fuerzas Militares, general Hugo Alejandro López Barreto, aseguró que la presión militar no se detendrá y que se reforzó la maniobra para ubicar y neutralizar a los responsables.
Sin embargo, el episodio no puede analizarse únicamente como un acto aislado de violencia. Arauca ha sido históricamente uno de los principales bastiones del ELN, un territorio estratégico por su ubicación fronteriza y por las economías ilegales que allí convergen. La región vive una situación de orden público compleja, marcada por disputas armadas, control territorial y una constante tensión entre ofensiva estatal y retaliación insurgente.
Fuentes militares indican que la acción podría ser una respuesta al reciente bombardeo en el Catatumbo, donde siete integrantes del ELN fueron abatidos y uno capturado. De ser así, el ataque en Saravena encajaría en una lógica de represalia que mantiene activa la confrontación pese a los discursos políticos sobre paz y negociación. La guerra, en ese sentido, no solo persiste: se adapta.
El uso de drones explosivos marca un punto de inflexión. Esta modalidad, ya observada en otros conflictos internacionales, permite ataques a distancia con menor exposición directa del agresor y mayor capacidad de sorpresa. La sofisticación tecnológica reduce costos operativos para los grupos ilegales y aumenta la vulnerabilidad de instalaciones militares y civiles. El desafío para el Estado no es solo responder con mayor fuerza, sino actualizar sus sistemas de defensa, inteligencia y contrainteligencia frente a amenazas no convencionales.
La activación inmediata de capacidades aéreas y de inteligencia demuestra que las Fuerzas Militares reconocen la gravedad del episodio. No obstante, el debate de fondo va más allá de la reacción táctica. ¿Está el país preparado para una fase del conflicto donde la tecnología amplifica la capacidad de daño de actores irregulares? La experiencia internacional sugiere que la proliferación de drones en escenarios de guerra asimétrica puede cambiar las reglas del enfrentamiento.
Desde una perspectiva periodística, es indispensable evitar simplificaciones. El ataque es condenable y la prioridad es la protección de la vida. Pero también es necesario contextualizar el fenómeno en una dinámica de confrontación que no ha cesado en regiones como Arauca. La persistencia de economías ilícitas, la disputa por corredores estratégicos y la limitada presencia integral del Estado crean un caldo de cultivo que trasciende la dimensión militar.
El riesgo inmediato es la escalada. Cada acción ofensiva puede desencadenar nuevas retaliaciones, afectando no solo a la Fuerza Pública sino también a la población civil, que históricamente ha quedado atrapada en medio de la confrontación. La máxima alerta en el departamento responde a esa posibilidad latente.
El episodio en Saravena también interpela la política de seguridad nacional. En un contexto donde el Gobierno ha promovido apuestas de diálogo con distintos actores armados, la realidad operativa muestra que la confrontación sigue activa en varios frentes. La coexistencia entre discursos de negociación y operaciones militares intensas genera tensiones que impactan la percepción pública sobre el rumbo de la política de paz.
Arauca vuelve a ser escenario de un conflicto que se reinventa. Los drones explosivos no solo representan un avance tecnológico para los grupos armados ilegales, sino un recordatorio de que la violencia muta y exige respuestas integrales. La seguridad no puede limitarse a la reacción inmediata; requiere inteligencia estratégica, inversión tecnológica y una presencia estatal que combine fuerza, institucionalidad y oportunidades sociales.
En última instancia, el ataque contra el Cantón Militar San Jorge revela que el conflicto en Colombia no es estático. Cambian las herramientas, cambian las tácticas, pero persiste la disputa por el territorio y el control. El desafío del Estado será anticiparse a esa transformación antes de que la guerra irregular encuentre nuevas formas de sorprender.
#CANAL CORDOBA
