EE. UU. bloquea la financiación de la defensa legal de Nicolás Maduro en su juicio en Nueva York
Un nuevo giro complejo se ha sumado al llamativo proceso judicial que enfrenta el expresidente venezolano Nicolás Maduro en un tribunal federal de Nueva York. Según la defensa del mandatario depuesto, el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos ha bloqueado una licencia que permitiría al Gobierno de Venezuela pagar los honorarios de sus abogados, lo que, a juicio de sus letrados, limita su derecho a una defensa plena y efectiva.
El abogado Barry Pollack, representante principal de Maduro ante el juez federal Alvin Hellerstein, informó al tribunal que la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) —la oficina del Tesoro que administra y aplica sanciones económicas— había emitido inicialmente el 9 de enero una licencia que autorizaba al régimen para financiar los costos de defensa del exmandatario. Sin embargo, esa autorización fue enmendada a las pocas horas y, según la carta fechada el 20 de febrero, su revisión eliminó la posibilidad de utilizar fondos estatales para ese fin sin brindar una explicación pública.
La decisión tiene implicaciones prácticas inmediatas para uno de los juicios penales de mayor perfil internacional. Maduro enfrenta cargos en Estados Unidos relacionados con narcotráfico y otros delitos graves, y tanto él como su esposa Cilia Flores se declararon “no culpables” en su comparecencia inicial ante el tribunal el pasado 5 de enero.
Pollack ha enfatizado que, bajo la legislación venezolana y la práctica institucional del país caribeño, es una obligación del Estado asumir los costos de la defensa de su presidente y primera dama. La alteración de la licencia, sostiene, “interfiere con la capacidad del señor Maduro para contratar un abogado y, por lo tanto, con su derecho… a contar con un abogado de su elección”, haciendo referencia a la Sexta Enmienda de la Constitución estadounidense, que garantiza ese derecho en procesos penales.
Desde el 11 de febrero, la defensa ha solicitado a la OFAC que restituya la licencia original, pero hasta ahora no ha obtenido una resolución favorable. Ante esa falta de respuesta, los abogados han alertado que podrían presentar una moción formal ante el tribunal para buscar protección judicial contra lo que consideran una interferencia en los derechos de su cliente.
Este episodio se suma a la complejidad política y judicial del caso. La detención de Maduro en una operación de fuerzas estadounidenses el 3 de enero ha sido parte de un proceso lleno de tensiones diplomáticas, mientras que su juicio y la postura de Washington continúan bajo la lupa de observadores internacionales.
La decisión de bloquear el uso de fondos del Gobierno venezolano para pagar la defensa legal de Maduro no solo plantea un choque jurídico entre sanciones y derechos procesales, sino que también podría influir en el desarrollo del propio proceso penal, cuya próxima audiencia está programada para marzo. La disputa sobre la licencia de la OFAC añade una nueva dimensión a un caso ya de por sí extraordinario, en el que aspectos de política exterior, soberanía y derechos procesales se entrelazan de manera inédita.
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