Bogotá / Washington, 16 de diciembre de 2025. En un movimiento que reconfigura la cooperación internacional en la lucha contra el crimen organizado, el Gobierno de **Estados Unidos oficializó este martes la designación del Clan del Golfo —la estructura criminal más poderosa de Colombia— como organización terrorista extranjera. La decisión, anunciada por el Departamento del Tesoro de EE. UU., busca endurecer las medidas legales y financieras contra uno de los grupos vinculados al narcotráfico y la violencia más influyentes del continente.
Esta clasificación no solo es simbólica, sino que tiene implicaciones prácticas en el combate transnacional al crimen organizado: al catalogar al Clan del Golfo como una organización terrorista, Washington amplía el arsenal de sanciones y herramientas legales disponibles para congelar activos, bloquear redes de financiación y perseguir jurídicamente a sus miembros en múltiples jurisdicciones.
Desde hace años, esta agrupación ha ejercido una influencia ominosa en varias regiones de Colombia, particularmente en zonas como Antioquia, Córdoba y el Urabá antioqueño, operando no solo como cartel de narcotráfico sino también con estructuras armadas que han impuesto “planes pistola”, extorsiones y ataques contra la fuerza pública.
A pesar de sus orígenes en el paramilitarismo y su reconocido carácter criminal, esta es una de las primeras veces que uno de los principales aliados de seguridad de Colombia opta por utilizar una etiqueta de terrorismo formal contra la organización.
Periodísticamente, la medida estadounidense refleja una fricción inherente en la política de seguridad regional. Colombia, bajo la administración del presidente Gustavo Petro, ha negociado acercamientos con algunos grupos armados buscando caminos de paz negociada; precisamente, el Clan del Golfo ha sido objeto de diálogo en mediaciones internacionales, aunque sin acuerdos definitivos hasta ahora.
La designación estadounidense complica ese entorno diplomático, al endurecer la percepción internacional sobre la organización, incluso mientras Bogotá explora salidas políticas a décadas de conflicto armado.
La decisión de Washington también pone en evidencia una tensión geopolítica más amplia: el enfoque estadounidense prioriza la represión de redes criminales con capacidad de operar a través de fronteras y de afectar su seguridad interna —especialmente por sus lazos con el tráfico de drogas y la violencia asociada—, mientras que las estrategias internas colombianas transitan entre la ofensiva militar y las iniciativas de desarme y reintegración.
Otra lectura de este escenario es su impacto en las relaciones bilaterales. Colombia ha sido históricamente uno de los principales aliados de Estados Unidos en la región en materia de seguridad y lucha antidrogas. Sin embargo, decisiones como la de este martes recalcan la autonomía de cada país para definir sus prioridades y herramientas jurídicas; también recuerdan que la percepción de amenaza de Washington puede diferir de la de Bogotá, incluso frente a una misma organización criminal.
Para la opinión pública colombiana, la medida puede interpretarse de varias formas: como una intensificación necesaria del combate global al narcotráfico, como una señal de presión sobre las estructuras armadas o incluso como un elemento de fricción política en un momento en que el Gobierno nacional busca, por una parte, soluciones negociadas, y por otra, mantener el control territorial frente a múltiples grupos armados.
En definitiva, la inclusión del Clan del Golfo en la lista de organizaciones terroristas extranjeras por parte de Estados Unidos representa un cambio de postura geoestratégico y marca un nuevo capítulo en la compleja lucha contra el crimen organizado en Colombia y la región. Sus efectos —políticos, judiciales y diplomáticos— se sentirán probablemente en los próximos meses, a medida que se desplieguen las sanciones y se fortalezca la cooperación internacional para desarticular las redes que sostienen a esta organización criminal.
