El 6 y 7 de noviembre de 1985, el Movimiento 19 de Abril (M-19) llevó a cabo la toma del Palacio de Justicia en Bogotá, un hecho trágico que marcó la historia de Colombia con la muerte de 98 personas, incluyendo 11 magistrados de la Corte Suprema y varios civiles
La operación, llamada “Antonio Nariño por los Derechos del Hombre,” fue planificada por Álvaro Fayad con seis meses de anticipación. A pesar de que las Fuerzas Militares y la Policía tuvieron alertas sobre la ofensiva guerrillera y la existencia de mensajes anónimos anunciando el ataque, se retiraron 22 policías que protegían el Palacio el día antes del asalto, dejando solo a seis celadores privados encargados de la seguridad.
Las autoridades judiciales, como el presidente de la Corte Constitucional Jorge Enrique Ibáñez, han señalado que el M-19 fue el principal responsable del asalto, calificándolo como un acto terrorista con un arsenal destructivo usado contra civiles. El presidente del Consejo Superior de la Judicatura, Jorge Enrique Vallejo, denunció el abandono de las personas atrapadas en el edificio, quienes fueron dejadas «incinerándose.» Además, se criticaron las afirmaciones del presidente Gustavo Petro que minimizan la responsabilidad del M-19, siendo cuestionadas por magistrados como Octavio Tejeiro y expresidentes del alto tribunal como Nilson Pinilla y José Roberto Herrera, quienes aseguraron que la muerte del magistrado Manuel Gaona fue causada por disparos de un guerrillero del M-19 que vigilaba la salida de los rehenes.
Este evento sigue siendo recordado como un episodio oscuro de la historia colombiana, marcado por un complejo entramado de violencia, impunidad y verdad a medias.
