El paro armado como estrategia de presión: 51 acciones del ELN y un país sitiado por el miedo
El más reciente balance del Ministerio de Defensa, que da cuenta de 51 acciones violentas atribuidas al ELN durante el paro armado nacional, confirma que esta modalidad sigue siendo uno de los mecanismos más contundentes de intimidación y control territorial utilizados por los grupos armados ilegales en Colombia. Más allá de las cifras, el reporte evidencia el impacto profundo que estas acciones tienen sobre la vida cotidiana de miles de ciudadanos, la movilidad regional y la credibilidad del Estado en amplias zonas del país.
Las acciones registradas —que incluyen hostigamientos, instalación de artefactos explosivos, bloqueos viales, amenazas a la población civil y ataques a la fuerza pública— no responden a hechos aislados, sino a una estrategia planificada. El paro armado no solo busca demostrar capacidad militar, sino imponer silencios, paralizar economías locales y enviar un mensaje político en medio de un escenario nacional marcado por diálogos de paz aún frágiles y llenos de tensiones.
Desde una perspectiva periodística, el dato de las 51 acciones violentas plantea una pregunta de fondo: ¿qué tan efectivo es el control territorial del Estado en las regiones históricamente afectadas por el conflicto? Departamentos como Cauca, Norte de Santander, Chocó y Arauca vuelven a aparecer como epicentros de la violencia, reflejando una geografía del conflicto que se repite y que parece resistirse a los cambios de política y a los anuncios de pacificación.
El paro armado tiene un efecto devastador sobre la población civil. Comerciantes obligados a cerrar, transportadores que suspenden rutas, estudiantes que no asisten a clases y comunidades confinadas por el miedo forman parte de una realidad que rara vez se mide en los balances oficiales. Cada acción violenta no solo altera el orden público, sino que profundiza la sensación de abandono estatal y normaliza el uso de la violencia como herramienta de control social.
El Gobierno, por su parte, ha respondido con despliegues militares, consejos de seguridad y anuncios de refuerzo operativo. Sin embargo, la magnitud de las acciones reportadas revela que la respuesta sigue siendo reactiva. El paro armado, como fenómeno recurrente, pone en evidencia la necesidad de una estrategia más integral que combine seguridad, presencia institucional permanente y soluciones sociales en territorios donde el ELN ha logrado arraigarse durante décadas.
Este nuevo episodio también reaviva el debate sobre los procesos de diálogo con los grupos armados. Mientras desde el nivel central se insiste en la búsqueda de salidas negociadas al conflicto, en el territorio los hechos violentos erosionan la confianza ciudadana y alimentan el escepticismo frente a cualquier intento de paz. Para muchas comunidades, el lenguaje de la negociación contrasta brutalmente con la realidad de los explosivos, las amenazas y el confinamiento.
Las 51 acciones violentas reportadas por el Ministerio de Defensa no son solo un indicador de capacidad armada del ELN, sino un termómetro del desafío que enfrenta el país. La violencia, lejos de desaparecer, se adapta y se manifiesta de formas que golpean directamente a la población civil. El paro armado, en ese sentido, no es únicamente una ofensiva contra el Estado, sino contra la vida cotidiana de regiones enteras.
Colombia vuelve a enfrentarse a una realidad incómoda: mientras no se logre una presencia estatal integral y sostenida en los territorios más golpeados por el conflicto, los paros armados seguirán siendo una herramienta efectiva de presión. El reto no está solo en contar acciones violentas, sino en evitar que se repitan. Porque cada paro armado no solo deja cifras, sino heridas sociales que tardan años en cerrar.
