El paro armado vuelve a frenar la movilidad en Córdoba: suspenden rutas clave entre Montería, Cúcuta y Bucaramanga
Montería. La suspensión de las rutas terrestres Montería–Cúcuta y Montería–Bucaramanga, a causa de un paro armado, vuelve a poner en evidencia la fragilidad de la movilidad interdepartamental en medio del conflicto armado que persiste en varias regiones del país. La decisión, tomada por empresas de transporte para salvaguardar la vida de conductores y pasajeros, refleja un escenario recurrente: cuando se imponen las armas, el derecho a la libre circulación queda en pausa.
El paro armado, una estrategia de presión utilizada históricamente por grupos ilegales, no solo busca generar miedo, sino paralizar la cotidianidad económica y social. La interrupción de estas rutas no es un hecho menor. Se trata de corredores fundamentales para la conexión del Caribe con el nororiente colombiano, utilizados diariamente por comerciantes, estudiantes, pacientes del sistema de salud y ciudadanos que dependen del transporte terrestre como único medio de desplazamiento.
Desde una perspectiva periodística, la suspensión de los recorridos deja al descubierto una cadena de afectaciones que va más allá del transporte. Cada bus que deja de circular implica pérdidas económicas, retrasos logísticos y una sensación de aislamiento para comunidades enteras. Montería, como capital departamental, se convierte nuevamente en un punto de partida bloqueado por una violencia que no distingue entre civiles y actores armados.
La reacción de las empresas de transporte, aunque necesaria, también evidencia la ausencia de garantías plenas de seguridad en las vías nacionales. La falta de condiciones para operar con normalidad obliga a suspender servicios, trasladando la carga del conflicto a los ciudadanos comunes, quienes ven alteradas sus rutinas sin tener responsabilidad alguna en el origen de la crisis.
Este tipo de hechos reabre el debate sobre la capacidad del Estado para garantizar la seguridad en los corredores estratégicos del país. A pesar de los anuncios oficiales sobre control territorial y presencia de la Fuerza Pública, los paros armados siguen demostrando que los grupos ilegales conservan capacidad de intimidación y control, especialmente en zonas rurales y tramos viales clave.
Para los usuarios del transporte, la incertidumbre se convierte en la constante. No hay claridad sobre cuándo se normalizarán los servicios ni sobre las alternativas reales de movilidad. En muchos casos, viajar por vías secundarias no es una opción segura, lo que deja a cientos de personas varadas o forzadas a aplazar compromisos laborales, familiares y médicos.
La suspensión de estas rutas también tiene un impacto simbólico: recuerda que el conflicto armado sigue siendo una realidad latente, capaz de irrumpir en la vida diaria sin previo aviso. Cada paro armado es un mensaje de fuerza que busca visibilidad, y cada suspensión de transporte es una prueba tangible de cómo esa violencia se traduce en restricciones concretas para la población civil.
En conclusión, la cancelación de los trayectos Montería–Cúcuta y Montería–Bucaramanga no es solo una noticia de orden público, sino un reflejo de un problema estructural que continúa afectando la movilidad, la economía y la confianza ciudadana. Mientras no existan garantías reales de seguridad en las carreteras, el transporte terrestre seguirá siendo una de las primeras víctimas silenciosas de un conflicto que aún no termina.
