El Tribunal de Restitución de Tierras de Antioquia ha ordenado el desalojo de 55 familias campesinas en la vereda San Fernando, corregimiento de Aragua, municipio de Valencia, Córdoba, medida que se ejecutará el próximo 15 de julio. Estas familias, víctimas del conflicto armado, adquirieron legalmente las tierras hace entre 10 y 15 años mediante compraventas con antiguos beneficiarios del INCORA y han vivido de la agricultura y la ganadería durante este tiempo.
El conflicto surge por una reclamación presentada por Lázaro García, quien hace más de 30 años vendió las 398 hectáreas al INCORA. Posteriormente, García fue reconocido como víctima del conflicto y recibió una compensación económica, pero el tribunal ordenó que las tierras regresaran al Fondo de Restitución, afectando a las familias que las ocupan actualmente.
Elvira del Carmen Negrete Vázquez, lideresa de la organización Víctimas Revictimizadas, denuncia que se trata de una revictimización, ya que los campesinos adquirieron las tierras de buena fe, aunque muchos carecen de escrituras formales debido a la prevalencia de acuerdos verbales en zonas rurales. Además, señala que los beneficiarios originales, provenientes de Montería, abandonaron las parcelas por dificultades de adaptación, y que García vendió los terrenos al Estado a un precio superior al valor comercial de la época.
Mientras García recibe compensación del Estado, las familias actuales enfrentan el desalojo y la pérdida de sus medios de vida, lo que ha generado preocupación y llamados a la intervención de las autoridades para buscar soluciones que eviten esta situación.
Esta situación refleja la complejidad del proceso de restitución de tierras en Colombia, donde la búsqueda de justicia debe equilibrar derechos y realidades sociales para evitar nuevas afectaciones a comunidades vulnerables.
