La declaratoria de una nueva emergencia económica, social y ambiental por parte del presidente Gustavo Petro, para atender los estragos del frente frío en ocho departamentos del país, abre un debate que trasciende la coyuntura climática. Si bien la magnitud de las lluvias y sus efectos en Córdoba, Magdalena, Bolívar, Antioquia, Sucre, Cesar, Chocó y La Guajira no admiten indiferencia, la decisión de acudir nuevamente a poderes extraordinarios para crear impuestos con fuerza de ley plantea interrogantes políticos, técnicos y fiscales que no pueden ignorarse.
El Ejecutivo ha estimado en 8 billones de pesos el costo de la recuperación, cifra que sería financiada mediante nuevos tributos decretados en el marco de la emergencia. Sin embargo, el anuncio no llegó acompañado de un desglose detallado que permita entender la metodología de cálculo. Las críticas no se hicieron esperar. El exministro de Hacienda José Manuel Restrepo cuestionó la solidez de la cifra y pidió una auditoría académica externa. Desde la academia, el director del Observatorio Fiscal de la Universidad Javeriana, Mauricio Salazar, advirtió que el monto parece coincidir con la mitad de lo proyectado en la fallida ley de financiamiento que buscaba recaudar 16 billones, lo que despierta sospechas sobre la coherencia técnica de las proyecciones.
En este punto, el debate no debería centrarse en la legitimidad de atender la tragedia —que es indiscutible— sino en la transparencia de los instrumentos para hacerlo. La emergencia económica es una herramienta constitucional excepcional, diseñada para momentos en que las vías ordinarias resultan insuficientes. No obstante, su uso reiterado desde 2022 genera inquietud. Esta sería la cuarta declaratoria en menos de cuatro años, en un contexto donde la Corte Constitucional ya suspendió una emergencia anterior mientras estudia su legalidad.
El Gobierno, por su parte, defiende sus cifras. El director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), Carlos Carrillo, ha explicado que los 8 billones corresponden a un estimado preliminar de la fase de recuperación, basado en antecedentes históricos y en daños iniciales reportados. La atención inmediata —según la entidad— está cubierta con recursos de la vigencia 2026 por 190.000 millones de pesos. Es decir, el debate no gira en torno a la respuesta humanitaria urgente, sino a la reconstrucción estructural.
Y es allí donde los números empiezan a dimensionar la magnitud del desafío. El Ministerio de Agricultura reporta más de 27.000 predios afectados, más de medio millón de bovinos impactados y más de 30.000 hectáreas de cultivos dañadas. Solo en drenaje de suelos y recuperación agrícola se proyectan más de 220.000 millones de pesos. En vivienda, la cifra es aún mayor: el Ministerio de Vivienda calcula 5,8 billones de pesos, de los cuales 4,4 billones corresponden a agua y saneamiento básico. A esto se suma la reconstrucción de 4.000 viviendas, 200 colegios y múltiples tramos viales y sistemas de acueducto.
El problema no es menor. Pero la pregunta persiste: ¿es la creación de nuevos impuestos la única alternativa viable? Gobernadores de las regiones afectadas propusieron utilizar cerca de 6,5 billones de pesos de regalías actualmente congeladas. El Ejecutivo descartó esa opción y optó por la vía extraordinaria. Esta decisión no solo tiene implicaciones fiscales, sino políticas, especialmente en un escenario donde el presidente ha señalado a sectores de oposición por supuestas responsabilidades indirectas en el desastre, incluyendo polémicas referencias a la represa de Urrá.
Esa narrativa, más política que técnica, puede desviar el foco del debate central: la necesidad de una gestión integral del riesgo climático. Colombia enfrenta fenómenos extremos cada vez más frecuentes, producto de la variabilidad climática y del cambio climático global. Declarar emergencias sucesivas puede resolver coyunturas, pero no sustituye la planificación estructural en infraestructura resiliente, ordenamiento territorial y prevención.
Desde una perspectiva periodística, el deber es examinar tanto la urgencia como la forma. El país requiere respuestas rápidas, pero también claridad. La ciudadanía tiene derecho a conocer cómo se construyen las cifras, qué criterios técnicos las sustentan y qué controles existirán sobre el uso de los recursos. La transparencia no es un obstáculo para la acción; es su principal garantía de legitimidad.
El uso de facultades extraordinarias para imponer impuestos demanda un estándar más alto de justificación. En una economía que aún enfrenta presiones inflacionarias y desaceleración en algunos sectores, cualquier carga adicional debe explicarse con rigor. De lo contrario, la emergencia corre el riesgo de convertirse en un instrumento percibido como fiscal antes que humanitario.
La tragedia climática es real y sus víctimas también. Las imágenes de viviendas anegadas, cultivos perdidos y comunidades aisladas no admiten cálculos frívolos ni disputas partidistas. Pero precisamente por la gravedad del momento, el debate debe elevarse. El Gobierno tiene la responsabilidad de demostrar que cada peso proyectado responde a un diagnóstico técnico sólido y que la excepcionalidad del mecanismo es proporcional a la magnitud del daño.
En tiempos de crisis, la confianza pública es un recurso tan valioso como el presupuesto. Y esa confianza se construye con datos verificables, decisiones transparentes y un manejo responsable del poder extraordinario que la Constitución concede en circunstancias límite. La emergencia, entonces, no solo pone a prueba la capacidad de respuesta del Estado frente al clima, sino también la solidez institucional frente a la tentación de gobernar por decreto.
#CANAL CORDOBA
