Emergencia invernal en Córdoba pone a prueba la capacidad del Estado y reabre el debate sobre la gestión del riesgo
La temporada de lluvias que azota al Caribe colombiano ha dejado de ser un episodio coyuntural para convertirse en una crisis humanitaria de gran escala en el departamento de Córdoba. Más de 17 mil personas damnificadas, comunidades desplazadas, extensas zonas inundadas y severas pérdidas en las cosechas configuran un escenario crítico que obligó a las autoridades departamentales a declarar oficialmente la calamidad pública, una medida que refleja la magnitud real de la emergencia.
El impacto de este fenómeno, asociado a frentes fríos poco frecuentes pero cada vez más intensos, no solo evidencia la vulnerabilidad histórica de amplias zonas rurales y ribereñas, sino también las limitaciones estructurales del país para anticipar y mitigar los efectos de eventos climáticos extremos que, lejos de ser excepcionales, se repiten con mayor frecuencia en el contexto de la crisis climática global.
En este contexto, el pronunciamiento del precandidato presidencial Roy Barreras introduce un componente político y estructural al debate. Al señalar que el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo ya se encuentra desplegado en el territorio, junto con el gobernador de Córdoba, Barreras reconoce la importancia de la respuesta inmediata, pero va más allá al plantear un cuestionamiento de fondo: la necesidad de transformar el modelo actual de atención de emergencias.
Su llamado a la solidaridad ciudadana, materializado en jornadas de recolección de alimentos y kits básicos, resulta clave en una coyuntura donde la ayuda humanitaria sigue siendo insuficiente frente al volumen de afectados. Sin embargo, el propio dirigente admite que la emergencia deja al descubierto una falla estructural: la alta dependencia de las regiones de la respuesta centralizada del Estado, que suele llegar cuando el daño ya está hecho.
La propuesta de descentralizar la gestión del riesgo, otorgando mayor capacidad de respuesta inmediata a departamentos y municipios, apunta a uno de los debates más sensibles de la política pública en Colombia. Las inundaciones en Córdoba no son un fenómeno nuevo, pero sí reiterativo, lo que plantea una pregunta incómoda: ¿por qué, año tras año, las mismas comunidades siguen siendo golpeadas por las mismas tragedias?
Barreras lo resume con una frase contundente: “Hay hechos que pueden y deben ser prevenibles”. Detrás de esa afirmación está la crítica a un sistema que históricamente ha privilegiado la reacción sobre la prevención, destinando recursos a la atención de emergencias, pero no a obras de mitigación, reubicación planificada o fortalecimiento de capacidades locales.
La emergencia en Córdoba, además, trasciende el ámbito regional. Afecta la seguridad alimentaria por la pérdida de cultivos, impacta la economía local y profundiza las brechas sociales en uno de los departamentos más vulnerables del Caribe colombiano. Lo que hoy se vive en esta región es un anticipo de los desafíos que el país enfrentará con mayor frecuencia si no se adoptan políticas de adaptación climática más ambiciosas y sostenidas.
Mientras el agua sigue avanzando sobre viviendas, vías y parcelas productivas, la discusión no puede limitarse a la coyuntura. La tragedia actual exige una respuesta inmediata, pero también una reflexión de largo plazo sobre cómo el Estado colombiano se prepara —o no— para enfrentar fenómenos que ya no son excepcionales, sino parte de una nueva normalidad climática. En ese debate, Córdoba se convierte hoy en un símbolo de alerta nacional.
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