Emilio Tapia acepta cargos y devolverá $5.000 millones en caso Centros Poblados

El contratista cordobés Emilio Tapia Aldana aceptó su participación en el escándalo de corrupción de Centros Poblados y firmó un preacuerdo con la Fiscalía General, comprometiéndose a devolver 5.000 millones de pesos del anticipo entregado por el MinTIC. Tapia, conocido por su rol en el carrusel de la contratación en Bogotá, admitió haber cometido peculado por apropiación agravado, cinco fraudes procesales y siete falsedades ideológicas en documento privado.
En el acuerdo, Tapia será condenado a 76 meses de prisión, pagará una multa de 4.700 millones de pesos y quedará inhabilitado para ejercer cargos públicos durante ese tiempo. También se comprometió a realizar excusas públicas y a respaldar su devolución de dinero con dos bienes inmuebles y pagarés firmados como codeudor. A pesar del preacuerdo, permanecerá recluido en un centro carcelario debido a la naturaleza de los delitos contra la administración pública.
La investigación reveló que, en 2019, Tapia lideró desde las sombras la Unión Temporal Centros Poblados, usando documentos falsos para adjudicarse el contrato 1043 de 2020, valorado en un billón de pesos, destinado a llevar Internet a 7.000 escuelas rurales. La Unión Temporal presentó pólizas bancarias falsas y, tras recibir un anticipo de 70.000 millones de pesos, desvió fondos para compras personales, incluidos apartamentos, obras de arte, vehículos de lujo y honorarios legales.
Del dinero recibido, Tapia repartió 1.118 millones de pesos entre sus socios, quedándose con 6.182 millones para fines personales. Estas irregularidades, junto con las pruebas presentadas, llevaron a la Fiscalía a plantear el preacuerdo, el cual será evaluado por un juez de Bogotá el próximo 18 de febrero
Con esta decisión, la Fiscalía busca garantizar el resarcimiento de los recursos públicos y obtener la colaboración de Tapia como testigo de cargo. Sin embargo, el caso sigue siendo un símbolo del impacto de la corrupción en proyectos clave para el desarrollo social del país, como la conectividad rural.