Juristas alertan por presuntas presiones políticas en el caso Uribe y reclaman blindaje a la independencia judicial
El proceso judicial que enfrenta el expresidente Álvaro Uribe Vélez volvió a quedar en el centro del debate público, esta vez por un pronunciamiento de un grupo de abogados y juristas que advierten sobre el riesgo de presiones externas en una de las decisiones más sensibles que deberá adoptar la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia.
El llamado fue hecho por el denominado Grupo de los 38, un colectivo de profesionales del derecho que, a través de un comunicado, pidió que el alto tribunal actúe con absoluta independencia al momento de resolver los recursos de casación presentados dentro del proceso. Para los firmantes, el caso no solo tiene implicaciones jurídicas, sino un alto impacto político e institucional, lo que obliga a extremar las garantías de imparcialidad.
El pronunciamiento se produjo luego de las declaraciones públicas de los abogados Germán Calderón España y Juan Carlos Prias, quienes cuestionaron las actuaciones del senador y precandidato presidencial Iván Cepeda, reconocido como víctima dentro del proceso. Calderón España fue particularmente crítico y calificó de “nefasta” la conducta del congresista, al considerar que, pese a su condición procesal, no debería realizar manifestaciones que puedan interpretarse como intentos de presión sobre la Rama Judicial.
Según el jurista, cuando un actor político de alto perfil opina de manera reiterada sobre un proceso en curso, se pone en riesgo el principio de separación de poderes y se afecta la percepción de independencia de la justicia. “La justicia debe ser pronta, eficaz e imparcial, y ningún congresista o aspirante presidencial debería influir en sus decisiones”, afirmó, subrayando que el respeto por las instituciones es un pilar esencial del Estado de derecho.
En la misma línea, el abogado Juan Carlos Prias llamó la atención sobre lo que considera una conducta contradictoria por parte de Cepeda. A su juicio, resulta problemático que un dirigente político cuestione decisiones judiciales cuando no le son favorables y, al mismo tiempo, celebre públicamente aquellas que coinciden con sus intereses. Para Prias, este tipo de posturas no se compadece con la responsabilidad que implica ejercer un cargo de representación popular y aspirar a la Presidencia de la República.
El debate se da en un momento clave del proceso, cuando la Corte Suprema de Justicia evalúa la admisión de los recursos de casación presentados tanto por la Fiscalía como por las víctimas. Se trata de una etapa determinante que podría definir el rumbo jurídico del caso y cuyas decisiones, por su trascendencia, están bajo el escrutinio de la opinión pública nacional e internacional.
El Grupo de los 38 insistió en que la Corte debe actuar libre de presiones mediáticas, políticas o sociales, recordando que la legitimidad de la justicia no solo depende de la legalidad de sus fallos, sino también de la confianza ciudadana en que estos se adoptan sin interferencias. En un país marcado por la polarización, advirtieron, cualquier señal de politización de la justicia profundiza la desconfianza institucional.
Más allá de las posiciones encontradas sobre el fondo del proceso contra el exmandatario, el pronunciamiento pone sobre la mesa una discusión de mayor alcance: los límites entre la libertad de expresión de los actores políticos y el deber de preservar la autonomía judicial. En escenarios de alta sensibilidad política, como el que rodea el caso Uribe, esa frontera se vuelve especialmente frágil.
Mientras la Corte Suprema avanza en su análisis, el llamado de los juristas busca enviar un mensaje claro: la justicia no puede convertirse en un campo de disputa política. La decisión que se adopte deberá estar sustentada exclusivamente en el derecho y las pruebas, no en el ruido externo, en un momento en el que la credibilidad del sistema judicial vuelve a estar a prueba.
#CANAL CORDOBA
