Entre tensiones y decisiones clave: el futuro incierto de los diálogos con la CNEB
La reciente reunión entre delegados del Gobierno Nacional y la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano (CNEB), facción asociada a la Segunda Marquetalia, refleja las complejidades y contradicciones que atraviesa la política de “paz total” impulsada por el presidente Gustavo Petro. Aunque el proceso busca reducir la violencia mediante el diálogo, los hechos recientes evidencian que las negociaciones con grupos armados ilegales están lejos de ser lineales o exitosas.
El encuentro realizado los días 26 y 27 de marzo de 2026 permitió destrabar parcialmente una crisis que amenazaba con romper la mesa de conversaciones. La decisión de reanudar el séptimo ciclo de diálogos el 12 y 13 de abril en Tumaco, Nariño, demuestra que ambas partes aún consideran el diálogo como una vía válida. Sin embargo, este avance no puede interpretarse como un logro definitivo, sino como una pausa dentro de un proceso marcado por la desconfianza.
Uno de los principales focos de tensión ha sido el incumplimiento de compromisos relacionados con la creación de la Zona para la Capacitación Integral y Ubicación Temporal (ZUT) y el traslado de alias “Araña”, identificado como Geovanny Rojas, líder de los llamados “Comandos de Frontera”. La negativa del Gobierno a cumplir inicialmente con este traslado, pese a acuerdos previos, ha sido percibida por la CNEB como una falta de seriedad, lo que pone en entredicho la credibilidad estatal en la mesa de negociación.
Este episodio revela una dificultad estructural en los procesos de paz: el equilibrio entre el cumplimiento de compromisos políticos y las restricciones legales, judiciales e internacionales. En este caso, la posible extradición de “Araña” a Estados Unidos introduce un elemento adicional de complejidad, ya que cualquier decisión debe considerar no solo los acuerdos de la mesa, sino también las obligaciones del Estado colombiano en materia de cooperación judicial internacional.
El hecho de que la decisión final recaiga en Gustavo Petro subraya el carácter político del proceso. Más allá de los equipos negociadores, es el jefe de Estado quien debe asumir el costo —y la responsabilidad— de optar entre mantener la coherencia de la política de paz o responder a presiones legales y diplomáticas. Esta disyuntiva pone en evidencia que la “paz total” no es solo una estrategia de seguridad, sino también una apuesta política de alto riesgo.
A esto se suma el impacto de hechos de violencia como el asesinato de Alexander Rondón, uno de los voceros de la organización, que debilitó la confianza entre las partes y mostró la fragilidad del proceso. Estos eventos no solo afectan la dinámica interna de los grupos armados, sino que también envían señales negativas sobre la viabilidad de avanzar hacia acuerdos sostenibles.
En este contexto, afirmar que la política de “paz total” es un fracaso absoluto puede resultar apresurado. Si bien enfrenta serios obstáculos, también ha logrado mantener abiertos canales de diálogo en escenarios donde antes predominaba exclusivamente la confrontación armada. El verdadero desafío radica en transformar esos diálogos en resultados concretos que reduzcan la violencia y fortalezcan la presencia del Estado en los territorios.
En conclusión, la reanudación de los diálogos con la CNEB es una muestra de persistencia, pero también de las profundas dificultades que enfrenta el proceso de paz en Colombia. La decisión sobre alias “Araña” será un punto de inflexión que podría definir el rumbo de estas negociaciones. Más allá del desenlace, queda claro que la construcción de paz exige coherencia, cumplimiento y una capacidad real de articular los intereses políticos, legales y sociales en juego.
#CANAL CORDOBA
