Escándalo en la UNGRD sacude al Congreso: Corte envía a prisión a Wadith Manzur y Karen Manrique y llama a juicio a varios legisladores
El caso de presunta corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres continúa generando fuertes repercusiones políticas y judiciales. La Corte Suprema de Justicia de Colombia ordenó el envío a prisión del senador Wadith Manzur y de la representante a la Cámara Karen Manrique, mientras avanzan las investigaciones sobre su presunta participación en una red de corrupción que habría negociado votos en el Congreso a cambio de beneficios contractuales y burocráticos.
La decisión fue adoptada por la Sala de Instrucción del alto tribunal con el voto de los conjueces Alfredo Rey Córdoba y Javier Fernando Fonseca Alvarado, quienes destrabaron la discusión jurídica que en una sesión anterior había quedado empatada entre los magistrados encargados del proceso. Con este pronunciamiento, la justicia dio un paso clave en uno de los expedientes más sensibles relacionados con el manejo de recursos públicos destinados a la atención de emergencias en el país.
Además de ordenar la detención preventiva de los dos congresistas, la Corte decidió acusar formalmente por el delito de cohecho impropio a cinco legisladores y a un excongresista presuntamente vinculados al entramado de corrupción. Entre los llamados a juicio figuran la senadora Liliana Esther Bitar, los representantes Julián Peinado Ramírez y Juan Pablo Gallo, así como el excongresista Juan Diego Muñoz.
De acuerdo con la investigación, los congresistas Manzur, Manrique, Bitar, Peinado y Gallo habrían recibido dádivas y beneficios indebidos a cambio de comprometer sus funciones legislativas dentro de la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público. La hipótesis de la Fiscalía y de la Corte señala que estos apoyos políticos habrían sido utilizados para garantizar votos favorables a los planes de endeudamiento externo impulsados por el Gobierno nacional.
El expediente judicial, que supera las mil páginas, reúne múltiples elementos probatorios como testimonios, conversaciones de chats, interceptaciones telefónicas y registros de reuniones que, según los investigadores, evidenciarían encuentros con altos funcionarios del Gobierno para negociar respaldos políticos en el Congreso.
Según las pesquisas, el entramado de corrupción habría implicado el ofrecimiento de contratos y beneficios burocráticos que alcanzarían una cifra cercana a los 94.000 millones de pesos. Parte de esos recursos, de acuerdo con los indicios recopilados, estarían relacionados con proyectos y contratos en municipios como Saravena, Cotorra y El Carmen de Bolívar, territorios donde los congresistas investigados tendrían influencia política.
Este caso también involucra a exfuncionarios del Gobierno nacional. Desde finales del año pasado permanecen detenidos el exministro de Hacienda Ricardo Bonilla y el exministro del Interior Luis Fernando Velasco, señalados por la justicia de participar en la presunta estrategia para asegurar apoyos políticos dentro del Legislativo.
Las autoridades sostienen que el esquema investigado buscaba garantizar mayorías en el Congreso mediante la asignación de contratos y recursos públicos, lo que habría desviado dineros destinados a la atención de emergencias y desastres naturales en el país.
El escándalo de la UNGRD se ha convertido en uno de los casos de corrupción más relevantes de los últimos años en Colombia, no solo por las altas sumas de dinero comprometidas, sino también por la participación de dirigentes políticos de alto nivel. Analistas señalan que el avance del proceso judicial podría tener fuertes repercusiones en el panorama político nacional y en la confianza ciudadana hacia las instituciones.
Mientras tanto, la Corte Suprema continuará con la etapa procesal correspondiente para determinar las responsabilidades individuales de los implicados. El caso sigue abierto y podría derivar en nuevas imputaciones o decisiones judiciales a medida que avancen las investigaciones sobre el presunto saqueo a los recursos públicos destinados a la gestión del riesgo en el país.
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