Explosivos ilegales vuelven a golpear al Ejército en Anorí y agravan la crisis de seguridad en el nordeste antioqueño
La violencia asociada al conflicto armado ilegal volvió a sacudir al nordeste de Antioquia. Tres integrantes del Ejército Nacional resultaron heridos tras la activación de un artefacto explosivo instalado de manera ilegal en zona rural del municipio de Anorí, un hecho que no solo deja secuelas humanas irreparables, sino que reabre el debate sobre la persistente fragilidad del orden público en esta subregión estratégica del departamento.
El incidente se registró en la vereda Los Trozos, mientras tropas de la Fuerza de Despliegue Rápido N.° 7 adelantaban operaciones de control territorial, una de las misiones clave para contener el accionar de los grupos armados ilegales que se disputan el dominio de corredores estratégicos. Según confirmó el Ejército, la gravedad del ataque quedó evidenciada cuando uno de los uniformados sufrió heridas de extrema consideración que obligaron a la amputación de ambas piernas, marcando de manera definitiva su vida y la de su familia. Los otros dos militares también resultaron lesionados y fueron evacuados de urgencia a centros médicos especializados.
Desde la Séptima División del Ejército se atribuyó el ataque a estructuras armadas ilegales que operan en el nordeste antioqueño, las cuales han recurrido de forma sistemática a la instalación de explosivos como táctica para frenar el avance de la Fuerza Pública y ejercer control sobre el territorio. Este método, además de violar de manera flagrante el derecho internacional humanitario, representa una amenaza permanente para las comunidades rurales que transitan diariamente por caminos y veredas minadas por el miedo.
El caso de Anorí no es un hecho aislado. En municipios cercanos como Amalfi se han registrado episodios similares en las últimas semanas, incluido el de un campesino que resultó gravemente herido tras la activación de un artefacto explosivo. Estos antecedentes evidencian que el riesgo no se limita a los uniformados, sino que se extiende a la población civil, atrapada entre la presencia de grupos armados ilegales y la insuficiente capacidad de respuesta del Estado en algunas zonas rurales.
La reiteración de estos ataques plantea serios cuestionamientos sobre la efectividad de las estrategias de seguridad y la urgencia de reforzar las labores de desminado humanitario. Aunque el Ejército mantiene operaciones constantes en la región, la persistencia de explosivos improvisados demuestra que los grupos ilegales conservan capacidad operativa y siguen utilizando prácticas que generan terror y desplazamiento.
Más allá del balance militar, el hecho pone de relieve una deuda estructural del Estado con el nordeste antioqueño: garantizar condiciones reales de seguridad y protección para sus habitantes. La instalación indiscriminada de explosivos no solo limita la acción institucional, sino que restringe la movilidad, afecta la economía campesina y perpetúa un clima de zozobra que dificulta cualquier intento de desarrollo social y económico.
Mientras las autoridades anuncian investigaciones y refuerzos operativos, el ataque en Anorí se suma a una cadena de hechos que confirman que la crisis de orden público en esta zona del país sigue lejos de resolverse. El desafío no es menor: implica desarticular las estructuras armadas ilegales, acelerar el desminado, proteger a la población civil y evitar que el territorio continúe siendo escenario de una violencia que cobra vidas, mutila cuerpos y profundiza la desconfianza en la capacidad del Estado para imponer el control legítimo.
#CANAL CORDOBA
