Ganadería bajo el agua: la urgencia de un rescate productivo frente a la emergencia climática

La emergencia invernal que golpea a Córdoba, Urabá y el norte de Antioquia no solo ha dejado comunidades anegadas y pérdidas humanitarias evidentes; también ha puesto en jaque a uno de los pilares económicos de la región: la ganadería. El presidente ejecutivo de Fedegán, José Félix Lafaurie Rivera, elevó un llamado al Gobierno nacional para adoptar medidas urgentes y estructurales que permitan evitar un colapso productivo en las zonas afectadas, donde más de 493.000 bovinos enfrentan escasez de alimento y riesgo sanitario.

Las cifras son contundentes. De acuerdo con el gremio, 38 municipios presentan afectaciones directas, con daños en 8.577 predios que abarcan más de 182.000 hectáreas. Las praderas —base esencial del sistema ganadero extensivo predominante en estas regiones— permanecen bajo el agua o inutilizables. El resultado inmediato es el desplazamiento forzado de animales hacia terrenos más altos y el incremento de costos logísticos para los productores, muchos de ellos pequeños y medianos ganaderos con limitada capacidad financiera.

Fedegán reconoce que la prioridad inicial es la atención humanitaria. Sin embargo, advierte que la recuperación productiva no puede postergarse. Cuando las aguas se retiren, el panorama no será alentador: pasturas destruidas, suelos erosionados y una cadena de suministro debilitada. La resiembra y adecuación de tierras puede tardar al menos seis meses antes de volver a ser funcional, un lapso que implica pérdidas acumuladas y riesgo de descapitalización para miles de familias rurales.

El planteamiento de Lafaurie apunta a dos frentes concretos: alivio financiero inmediato y acceso a crédito en condiciones excepcionales. La propuesta de congelar entre seis meses y un año el cobro de capital e intereses de créditos agropecuarios busca evitar que los ganaderos entren en mora por circunstancias ajenas a su control. A ello se suma la idea de una línea especial de crédito con tasa cero real —equivalente a la inflación— a cinco años, con un año de gracia y respaldo del Fondo Agropecuario de Garantías (FAG).

Desde una perspectiva económica, la discusión es pertinente. El sector ganadero no solo representa miles de empleos rurales, sino que incide en la seguridad alimentaria y en el abastecimiento de carne y leche a nivel nacional. Una contracción prolongada en estas regiones podría traducirse en presiones sobre los precios y en mayor dependencia de otras zonas productivas. En ese sentido, el respaldo estatal no sería únicamente un salvavidas sectorial, sino una medida de estabilidad macroeconómica.

No obstante, el debate también exige ponderar el impacto fiscal de las propuestas. El país atraviesa un momento de estrechez presupuestal y múltiples frentes de gasto derivados de la misma emergencia climática. La creación de líneas de crédito subsidiadas o la suspensión masiva de obligaciones financieras requiere una evaluación técnica rigurosa para evitar desequilibrios en el sistema financiero agropecuario. La clave estará en diseñar mecanismos focalizados, temporales y transparentes.

Más allá del alivio inmediato, la crisis actual revela una vulnerabilidad estructural del modelo productivo frente a eventos climáticos extremos. Las inundaciones recurrentes en estas zonas evidencian la necesidad de fortalecer estrategias de adaptación: sistemas silvopastoriles, infraestructura de drenaje, seguros agropecuarios más robustos y planes de ordenamiento territorial que reduzcan la exposición al riesgo. La reconstrucción no puede limitarse a volver al punto de partida; debe incorporar resiliencia.

El llamado de Fedegán también se inscribe en un contexto político complejo, donde las relaciones entre el gremio y el Gobierno han estado marcadas por tensiones en otros debates agrarios. Sin embargo, la magnitud de la emergencia obliga a superar diferencias coyunturales. La respuesta institucional frente a una crisis climática debe estar guiada por criterios técnicos y por la protección del tejido productivo rural.

El periodismo tiene el deber de situar esta discusión en su justa dimensión: no se trata únicamente de rescatar ganado, sino de preservar economías locales enteras que dependen de esa actividad. Cada hectárea perdida representa empleo, ingresos familiares y encadenamientos comerciales que sostienen municipios completos.

La pregunta de fondo es si el país está preparado para enfrentar con herramientas estructurales un fenómeno que ya no es excepcional, sino recurrente. Las inundaciones en Córdoba y el norte de Antioquia no serán las últimas. La diferencia entre una crisis pasajera y un deterioro prolongado radicará en la capacidad de anticipación y en la voluntad de implementar políticas que combinen alivio inmediato con transformación productiva.

En medio de la emergencia, el sector ganadero levanta la voz no solo para reclamar apoyo, sino para advertir que la recuperación económica del campo es tan urgente como la atención humanitaria. Ignorar esa dimensión productiva sería prolongar los efectos del desastre mucho después de que el agua haya desaparecido del paisaje.

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