Gastos reservados bajo sospecha: la muerte de un cabecilla guerrillero destapa una grave investigación contra miembros del Ejército
Una investigación de alto calibre sacude a las Fuerzas Militares y pone en entredicho uno de los pilares más sensibles de la lucha contra los grupos armados ilegales: el manejo de los gastos reservados. Oficiales y suboficiales del Ejército Nacional están bajo la lupa de la Fiscalía General de la Nación, señalados de presuntamente apropiarse de recursos destinados al pago de recompensas e informantes clave en operaciones contra las disidencias de las Farc. El caso no solo compromete la legalidad de procedimientos internos, sino que plantea serios cuestionamientos éticos y operativos en medio de un conflicto aún vigente.
El escándalo salió a la luz tras la operación militar que terminó con la muerte de Edilberto Marín Gómez, alias Paisa Duber, hombre de máxima confianza de Iván Mordisco y uno de los principales cabecillas del Estado Mayor Central en los departamentos de Guaviare y Caquetá. Su neutralización, anunciada oficialmente el 25 de abril del año pasado por el Ministerio de Defensa, fue presentada como un golpe estratégico contra las disidencias. Sin embargo, detrás de ese resultado se habría ocultado una presunta red interna dedicada al desvío de recursos confidenciales.
Paisa Duber no era un objetivo cualquiera. Desde 2024, el Gobierno ofrecía hasta 50 millones de pesos por información que permitiera dar con su paradero, cifra que en 2025 ascendió a 100 millones, reflejo de su importancia dentro de la estructura armada ilegal y de su cercanía con Iván Mordisco. Como jefe del frente Armando Ríos, su capacidad de mando y control lo convertía en una pieza clave para las disidencias, responsable de acciones armadas y de la consolidación territorial en zonas estratégicas del sur del país.
Para ubicarlo, Ejército y Policía desplegaron un complejo plan de inteligencia que incluyó la infiltración de uno de los hombres de confianza del cabecilla. Esta fuente humana suministró información detallada sobre movimientos, rutinas y lugares de permanencia. Sin embargo, pese a la calidad de los datos obtenidos, los operativos no lograban concretar un golpe definitivo, lo que llevó a la inteligencia militar a elevar el nivel de riesgo de la operación.
La estrategia dio un giro cuando el infiltrado fue convencido de introducir un dispositivo electrónico de rastreo entre los objetos personales de Paisa Duber. El equipo fue camuflado en un envío de material de guerra e intendencia que llegó directamente a manos de las disidencias, permitiendo a las autoridades seguir en tiempo real los desplazamientos del cabecilla. La tecnología suplió, en parte, las limitaciones humanas de una operación desarrollada en territorios hostiles y de difícil acceso.
Pero el costo fue alto. El infiltrado, conocido con el alias de Brandon, fue descubierto por la estructura armada ilegal. Según información conocida por los investigadores, fue sometido a torturas por orden directa de Paisa Duber y posteriormente asesinado, sin que en ningún momento revelara la existencia del dispositivo de rastreo. Las propias disidencias confirmaron el hecho a través de panfletos difundidos el 14 de abril de 2025, en los que advertían castigos ejemplares contra quienes colaboraran con la fuerza pública.
Paradójicamente, la pérdida de la fuente humana no detuvo la operación. El seguimiento electrónico permitió finalmente ubicar al cabecilla y ejecutar la acción militar que terminó con su muerte. Sin embargo, lo que parecía un éxito táctico derivó en una crisis institucional cuando, tras la operación, se revisó el manejo de los recursos destinados al pago de recompensas.
Las denuncias señalan que parte del dinero asignado para reconocer la labor de informantes habría sido desviado por miembros de la fuerza pública, aprovechando el carácter confidencial de los gastos reservados. La falta de trazabilidad clara, inherente a este tipo de recursos, habría facilitado presuntas irregularidades que hoy son materia de investigación penal. En otras palabras, mientras un informante perdía la vida en cumplimiento de una misión de alto riesgo, los recursos destinados a proteger y recompensar esa colaboración habrían terminado en manos indebidas.
La Fiscalía avanza ahora en la recolección de pruebas para determinar responsabilidades individuales y establecer si existió una estructura criminal al interior de la institución. De confirmarse los hechos, se trataría de uno de los señalamientos más graves contra el manejo de recursos sensibles en el marco del conflicto armado, con implicaciones profundas para la credibilidad de las Fuerzas Militares y la confianza de futuras fuentes humanas.
Este caso vuelve a poner sobre la mesa un debate incómodo pero necesario: la urgencia de reforzar los mecanismos de control y transparencia sobre los gastos reservados, sin poner en riesgo la seguridad nacional ni la eficacia de las operaciones. La lucha contra los grupos armados ilegales no solo se libra en el terreno, sino también en la integridad de las instituciones. Cuando esa integridad se quiebra, el daño no es solo financiero, sino estratégico y moral, con consecuencias que pueden costar vidas y debilitar al Estado desde adentro.
#CANAL CORDOBA
