Gobernar desde la calle: las marchas de Petro como estrategia de poder y termómetro político

Desde el inicio del gobierno de Gustavo Petro, la movilización social dejó de ser un fenómeno exclusivamente ciudadano para convertirse en una herramienta explícita del Ejecutivo. Las marchas convocadas o impulsadas por el propio Gobierno no son un hecho anecdótico ni un recurso ocasional: constituyen una estrategia política recurrente que redefine la relación entre poder institucional, calle y legitimidad democrática en Colombia.

A diferencia de administraciones anteriores, Petro llegó a la Presidencia con una historia personal y política profundamente ligada a la protesta social. Su capital simbólico se forjó en la oposición, en la plaza pública y en el discurso de transformación impulsado desde abajo. Al llegar al poder, esa lógica no se abandonó; por el contrario, se institucionalizó. Gobernar, en este modelo, no implica solo negociar en el Congreso o administrar desde los ministerios, sino también convocar a la ciudadanía a respaldar en las calles las decisiones del Ejecutivo.

El recuento de las marchas promovidas por el Gobierno desde 2022 evidencia un patrón claro: las movilizaciones aparecen en momentos de tensión política, bloqueos legislativos, confrontaciones con la oposición o disputas con otros poderes del Estado. No se trata únicamente de celebraciones programáticas, sino de actos de presión simbólica. La calle funciona como escenario de legitimación y, al mismo tiempo, como mensaje directo a quienes resisten la agenda gubernamental.

Desde una perspectiva periodística, este fenómeno obliga a hacer una distinción fundamental. Una cosa es el derecho ciudadano a la protesta —pilar indiscutible de la democracia— y otra es el uso de la movilización por parte del poder constituido. Cuando el Gobierno convoca marchas, el rol se invierte: ya no se protesta contra el poder, sino desde el poder. Esta inversión no es ilegítima per se, pero sí plantea preguntas profundas sobre los límites entre participación democrática y presión política.

Las marchas oficialistas también han redefinido el mapa de la polarización. A cada convocatoria del Gobierno suele responder una movilización opositora, generando un país que marcha en direcciones contrarias, a veces con pocos días de diferencia. La protesta, en lugar de canalizar demandas sociales concretas, corre el riesgo de convertirse en un pulso permanente de fuerzas políticas, donde el número de asistentes se lee como encuesta callejera y no como expresión plural de inconformidad o respaldo.

El Ejecutivo ha defendido estas convocatorias como ejercicios legítimos de democracia participativa. Y, en efecto, lo son en tanto se realicen sin coerción, sin uso indebido de recursos públicos y sin estigmatización de quienes deciden no marchar. Sin embargo, la reiteración de estas movilizaciones plantea un desafío: cuando la calle se convierte en extensión del despacho presidencial, se diluye la frontera entre deliberación institucional y movilización permanente.

Otro elemento clave es el mensaje que estas marchas envían a la institucionalidad. En varias ocasiones, el llamado a la movilización ha coincidido con debates sensibles en el Congreso o con decisiones judiciales adversas al Gobierno. En esos contextos, la protesta deja de ser solo respaldo ciudadano y se interpreta como advertencia política. El riesgo no está en la movilización en sí, sino en que se normalice la idea de que las diferencias entre poderes se resuelven por acumulación de gente en la calle y no por los canales constitucionales.

Para el periodismo, el reto es doble. Primero, narrar estas marchas sin caer en la lógica binaria de éxito o fracaso medida solo en cifras de asistencia. Segundo, contextualizarlas dentro de un modelo de gobierno que apuesta por la movilización como parte de su ADN político. Las marchas de Petro no son improvisadas ni emocionales: responden a una concepción del poder que privilegia el respaldo popular visible como fuente constante de legitimidad.

La pregunta de fondo no es si el Gobierno puede convocar marchas —porque puede—, sino qué efectos tiene hacerlo de manera sistemática. ¿Fortalece la democracia al mantener activa a la ciudadanía o profundiza la polarización al convertir cada debate político en una disputa callejera? ¿Empodera a la gente o la instrumentaliza como escudo político frente a las dificultades de gobernar?

Al cierre de su periodo, el legado de estas movilizaciones será inevitablemente evaluado. Para algunos, quedarán como símbolo de un gobierno que nunca se desconectó de su base social. Para otros, como evidencia de una administración que trasladó demasiadas tensiones institucionales a la calle. Lo cierto es que, con Petro, las marchas dejaron de ser solo una respuesta al poder y pasaron a ser parte central de su ejercicio.

En esa transformación reside su mayor impacto político. Porque más allá de consignas y pancartas, el país asiste a un experimento en curso: el de un gobierno que entiende la calle no como un espacio externo al Estado, sino como uno de sus principales escenarios de acción. El tiempo dirá si esa apuesta fortaleció la democracia o si, por el contrario, dejó un país más dividido, acostumbrado a marchar incluso cuando lo que se necesita es construir acuerdos duraderos.

#CANAL CORDOBA