Gobierno recorta ingresos del congreso: eliminan prima millonaria, pero el ajuste regirá desde 2026
El Gobierno nacional dio un paso significativo en el debate sobre los altos ingresos de los congresistas al expedir un decreto que elimina la prima especial de servicios que durante años hizo parte del salario mensual de senadores y representantes a la Cámara. La decisión, publicada por el Departamento Administrativo de la Función Pública y divulgada por el Ministerio de Hacienda, representa un recorte simbólicamente fuerte, aunque con un efecto diferido que ha generado reacciones encontradas en la opinión pública.
La medida suprime una prima de 16,9 millones de pesos que los congresistas recibían cada mes, adicional al salario básico de 12,4 millones de pesos y a los gastos de representación, que ascienden a 22,1 millones. En la práctica, este beneficio consolidó por más de una década un ingreso mensual que supera ampliamente el promedio salarial del país y que ha sido objeto de críticas constantes por parte de distintos sectores políticos y sociales.
Sin embargo, el decreto establece que la reducción no será inmediata. El recorte entrará en vigencia a partir del 20 de julio de 2026, fecha en la que se posesionará el próximo Congreso de la República. Esto significa que los actuales legisladores mantendrán intactos sus ingresos hasta el final de su periodo, un detalle que, aunque jurídicamente sustentado, reabre el debate sobre la coherencia entre el discurso de austeridad y su aplicación real.
En la actualidad, el salario total de un congresista alcanza los 57,3 millones de pesos mensuales antes de las deducciones obligatorias por salud, pensión y fondo solidario pensional, que rondan los 5,8 millones. Aun con estos descuentos, el ingreso neto continúa siendo uno de los más altos del sector público colombiano, lo que refuerza la percepción de una brecha profunda entre la clase política y la mayoría de los ciudadanos.
El decreto también deroga una norma expedida en octubre de 2013, que había establecido la prima especial para los integrantes del Congreso. Con ello, el Gobierno busca desmontar un beneficio que, según sus argumentos, no se ajusta a los principios de equidad ni a las actuales necesidades fiscales del país. La eliminación de esta prima se enmarca en un discurso oficial orientado a la contención del gasto y al fortalecimiento de la confianza ciudadana en las instituciones.
No obstante, el impacto fiscal inmediato será limitado debido a la entrada en vigencia diferida. Para muchos analistas, el alcance real de la medida dependerá de que el próximo Congreso mantenga el recorte y no impulse nuevas figuras salariales que compensen la eliminación de la prima. De lo contrario, advierten, el ajuste podría quedarse en un gesto político sin efectos estructurales.
En un contexto marcado por presiones económicas, reformas sociales y demandas de mayor austeridad en el Estado, la decisión del Gobierno vuelve a poner sobre la mesa el debate sobre la remuneración de los congresistas y la necesidad de alinear los ingresos de la clase dirigente con la realidad del país. El recorte, aunque tardío, abre un precedente que será evaluado tanto por los futuros legisladores como por una ciudadanía cada vez más vigilante frente al uso de los recursos públicos.
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