Golpe al narcotráfico en el Bajo Cauca: capturas y destrucción de laboratorios debilitan las finanzas de grupos armados ilegales
Las operaciones militares simultáneas adelantadas en los municipios de Zaragoza y Tarazá confirman que el Bajo Cauca antioqueño sigue siendo uno de los principales escenarios de disputa entre el Estado y las estructuras armadas ilegales que financian su accionar a través del narcotráfico. En esta ocasión, la acción coordinada del Ejército Nacional y la Policía permitió asestar un golpe directo a las economías criminales del Clan del Golfo y del ELN, dos organizaciones que mantienen una fuerte presencia en esta subregión estratégica del país.
Las acciones, desarrolladas por unidades de la Décima Primera Brigada del Ejército, no solo dejaron capturas e incautaciones, sino que evidenciaron la persistencia de un entramado ilegal que combina microtráfico urbano, control territorial rural y procesamiento de cocaína como fuente principal de financiación. En la vereda Puerto Jobo, en Zaragoza, la captura en flagrancia de tres presuntos integrantes del Clan del Golfo —conocidos como alias Cocoliso, El Oso y Costa— representa un avance relevante en la contención de la subestructura Uldar Cardona Rueda, señalada de operar en municipios clave como El Bagre y Zaragoza.
De acuerdo con las autoridades, los capturados estarían vinculados a delitos de alto impacto, como sicariato y labores de inteligencia criminal, además de la comercialización de estupefacientes. La incautación de cocaína, marihuana, dinero en efectivo y equipos de comunicación no solo afecta el flujo inmediato de recursos ilícitos, sino que también desarticula redes logísticas que sostienen el control criminal sobre comunidades vulnerables. Aunque el valor del alijo —estimado en más de 14 millones de pesos— pueda parecer limitado, su impacto se mide en la interrupción de una cadena que alimenta la violencia cotidiana en la región.
De manera paralela, la ubicación y destrucción de dos laboratorios para el procesamiento de pasta base de coca en la vereda El Barro, en Tarazá, apunta a un nivel más profundo del negocio ilícito. Estos centros clandestinos, presuntamente al servicio del ELN, evidencian cómo la producción de droga sigue siendo el pilar financiero de los grupos armados ilegales. La incautación de insumos químicos, combustible y grandes cantidades de pasta base en solución permitió evitar la producción mensual de unas 10.000 dosis de estupefacientes, además de generar una afectación económica cercana a los 60 millones de pesos.
Más allá de las cifras, estas operaciones revelan la complejidad del desafío que enfrenta la Fuerza Pública en el Bajo Cauca. Se trata de un territorio donde confluyen economías ilegales, disputas armadas y profundas brechas sociales, factores que dificultan una solución exclusivamente militar. Sin embargo, los resultados obtenidos muestran que la presión sostenida sobre las finanzas criminales sigue siendo una de las estrategias más efectivas para debilitar la capacidad operativa de estos grupos.
El Ejército Nacional ha reiterado que continuará desarrollando operaciones ofensivas en la región, con el objetivo de preservar la seguridad y la estabilidad territorial. No obstante, los golpes al narcotráfico, aunque necesarios, plantean un reto adicional: la necesidad de acompañar la acción militar con presencia institucional, inversión social y alternativas económicas para las comunidades que históricamente han quedado atrapadas entre la ilegalidad y el abandono estatal.
En un contexto donde el narcotráfico sigue alimentando la violencia y la criminalidad, las operaciones en Zaragoza y Tarazá envían un mensaje claro: el Estado mantiene la iniciativa en el Bajo Cauca. El verdadero desafío, sin embargo, será lograr que estos golpes no sean solo victorias tácticas, sino pasos sostenidos hacia una transformación estructural de una de las regiones más golpeadas por el conflicto y las economías ilegales en Colombia.
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