Grupo Argos evalúa retomar operaciones en Venezuela tras casi 20 años de expropiación
El mayor productor de cemento de Colombia, Grupo Argos, está evaluando la posibilidad de regresar a Venezuela, un mercado del que se retiró hace casi dos décadas después de sufrir la expropiación de su planta cementera en ese país, en un gesto que marcó profundamente las relaciones empresariales entre ambos países. La relectura de esa decisión histórica se enmarca en un contexto de cambios políticos y expectativas de normalización económica que han despertado atención en sectores de inversión y comercio regionales.
La planta en cuestión, ubicada en el estado Trujillo y adquirida inicialmente por Argos en 1997 bajo la razón social Corporación Cemento Andino, fue intervenida por el Estado venezolano en 2006 durante el Gobierno de Hugo Chávez sin que la compañía recibiera compensación por los activos —una inversión que rondó los 350 millones de dólares— ni por las ganancias proyectadas. Ese episodio no solo significó la pérdida de infraestructura, sino una marcada desconfianza entre los inversionistas colombianos frente al clima de negocios en el país vecino.
Hoy, Jorge Mario Velásquez, presidente de Grupo Argos, ha reconocido públicamente que la compañía está “analizando la posibilidad” de volver a operar en Venezuela, siempre que se den condiciones de normalización que incluyan el reconocimiento de los derechos de los inversionistas expropiados. En declaraciones a medios nacionales, Velásquez subrayó que el retorno, en caso de concretarse, sería “gradual y condicionado”, con un proceso que podría tomar tiempo hasta que existan garantías claras de seguridad jurídica y un entorno estable para la inversión extranjera.
Este renovado interés empresarial no ocurre en un vacío. La reciente salida de Nicolás Maduro del poder y el cambio del contexto político en Venezuela han reavivado esperanzas en distintos sectores económicos sobre la posibilidad de recuperar la confianza de los capitales extranjeros. Varias compañías colombianas que vieron frustrados sus planes de expansión hace años han comenzado a evaluar oportunidades, con la expectativa de que un nuevo escenario institucional facilite soluciones a conflictos de expropiación histórica, incluso sin necesidad de batallas legales prolongadas.
No obstante, los desafíos son considerables. La seguridad jurídica sigue siendo el principal escollo: Venezuela necesitaría contar con normas claras y mecanismos de protección para inversionistas extranjeros que no solo garanticen la devolución de activos o compensaciones justas, sino también la no repetición de intervenciones estatales sin debida indemnización. Esta preocupación es compartida por analistas y empresarios, que señalan que sin un marco regulatorio sólido la sola apertura de mercado no será suficiente para atraer inversiones significativas a largo plazo.
El regreso de Grupo Argos a Venezuela, si llegara a materializarse, implicaría más que la reactivación de una planta cementera: sería una señal de confianza renovada en el proceso de reconstrucción de las relaciones económicas binacionales tras años de tensiones políticas y económicas. Además, plantearía un precedente importante sobre cómo las grandes empresas latinoamericanas pueden responder a cambios geopolíticos y ajustar estrategias en mercados históricamente inestables.
La discusión alrededor de este posible retorno no solo abre una ventana sobre las expectativas de normalización económica en Venezuela, sino que también pone en relieve la complejidad de equilibrar memoria histórica con oportunidades estratégicas en un entorno regional que está experimentando ajustes significativos en sus dinámicas políticas y comerciales. La decisión final de Grupo Argos, a la espera de señales más claras desde Caracas y de garantías jurídicas, tendrá implicaciones que trascienden el sector cementero y alcanzan el corazón de la relación económica entre Colombia y su vecino del sur.
#CANAL CORDOBA
