Impuesto al patrimonio desata alerta empresarial por impacto en liquidez, inversión y empleo en Colombia
La entrada en vigencia del impuesto al patrimonio para empresas en Colombia, establecido mediante el Decreto Legislativo 173 de 2026, ha encendido un intenso debate entre el Gobierno Nacional y el sector productivo, que advierte sobre un posible efecto adverso en la estabilidad económica del país. A pocos días del primer pago, programado para el 1 de abril, las críticas se concentran en la capacidad real de las empresas para asumir una carga tributaria que, según los gremios, llega en un momento de alta fragilidad financiera.
La advertencia más contundente proviene de Natalia Gutiérrez, quien ha señalado que la medida podría desencadenar un “deterioro económico sin precedentes”. El argumento central gira en torno a la exigencia de pagar el 50% del impuesto en un plazo inferior a diez días, lo que obligaría a muchas compañías a recurrir a mecanismos de liquidez inmediata, como créditos de alto costo o la venta acelerada de activos, comprometiendo su sostenibilidad.
Desde una perspectiva económica, el principal cuestionamiento radica en la naturaleza misma del tributo. Al gravar el patrimonio y no las utilidades, el impuesto introduce una distorsión significativa: empresas con bajos márgenes o incluso en pérdidas podrían verse obligadas a pagar sumas considerables, desconociendo su realidad financiera. Esta característica, según el Consejo Gremial Nacional, rompe con principios básicos de equidad tributaria y podría desincentivar la inversión en sectores clave de la economía.
El impacto no se limitaría al corto plazo. La combinación de menor liquidez, aumento del endeudamiento y reducción en la inversión configura un escenario de desaceleración económica que podría extenderse en el tiempo. En particular, la inversión —uno de los motores del crecimiento— podría verse severamente afectada, generando un efecto dominó en la productividad, la competitividad y la generación de empleo.
Este último punto resulta especialmente sensible. El tejido empresarial afectado por la medida es responsable de más de tres millones de empleos formales en el país. En consecuencia, cualquier presión adicional sobre su estructura financiera podría traducirse en recortes de personal, congelación de nuevas contrataciones o incluso el cierre de operaciones, con efectos directos sobre el mercado laboral.
A nivel institucional, también surgen cuestionamientos sobre la legalidad del decreto. Voces del sector gremial han planteado la necesidad de que la Corte Constitucional de Colombia revise la medida, al considerar que podría vulnerar principios constitucionales como la progresividad y la equidad tributaria. Este debate jurídico añade un componente de incertidumbre que, a su vez, impacta la confianza inversionista, un factor clave en el contexto actual.
No obstante, desde el Gobierno se ha defendido el impuesto como una herramienta necesaria para enfrentar la emergencia económica derivada de la temporada invernal, que ha dejado graves afectaciones en distintas regiones del país. En este sentido, el recaudo busca financiar la atención de la crisis, lo que plantea un dilema entre la urgencia fiscal del Estado y la capacidad de respuesta del sector privado.
En el fondo, la discusión revela un problema estructural: la dificultad de equilibrar las necesidades de financiamiento público con la sostenibilidad del aparato productivo. Cuando las medidas fiscales se perciben como desproporcionadas o desconectadas de la realidad empresarial, el riesgo no solo es económico, sino también institucional, al debilitar la confianza en las reglas del juego.
En conclusión, el impuesto al patrimonio para empresas se perfila como una medida de alto impacto cuyo desenlace dependerá de su implementación, la respuesta del sector empresarial y las decisiones que adopten las altas cortes. Más allá de la coyuntura, el episodio deja una lección clara: la política tributaria debe construirse con criterios de equilibrio, previsibilidad y sostenibilidad, especialmente en contextos de crisis donde cada decisión puede redefinir el rumbo económico del país.
#CANAL CORDOBA
