Córdoba

¡Indignación en San Antero! Denuncia omisión del alcalde en la gestión de servicios públicos

San Antero se encuentra en el centro de la controversia tras un encuentro entre la Superintendencia de Servicios Públicos, laAdministración Municipal y las empresas prestadoras de servicios, como Afinia, Aqualia y Seacor. La reunión, sin embargo, ha generado un fuerte descontento entre los líderes cívicos, especialmente por la exclusión del Comité de Servicios Públicos del municipio, una de las principales voces ciudadanas en esta temática.

Salvador Bertel, exconcejal y primer vocal del Comité de Control de Servicios Públicos, expresó su indignación al enterarse de la reunión a través de rumores. “Nos enteramos por la calle, como si no importáramos. Es una falta de respeto hacia quienes hemos trabajado por el bienestar de la comunidad”, declaró con evidente enojo. Bertel, conocido por su firme defensa de los derechos de los sananteranos, no dudó en criticar la gestión de las empresas prestadoras, particularmente a Afinia, a la que acusó de ofrecer un servicio de energía deplorable. “Energía costosa, postes mal ubicados, y nadie hace nada. ¿Hasta cuándo vamos a aguantar este atropello?”, cuestionó.

La atención se centró también en Aqualia, la empresa encargada del acueducto. Bertel criticó al alcalde Dennys Chica Fuentes por no haber liquidado el contrato con Aqualia, a pesar de sus repetidos incumplimientos de la Ley 142 de servicios públicos. “Su silencio lo convierte en cómplice. ¿Por qué no ha tomado acciones contra una empresa que sigue perjudicando a la comunidad?”, se preguntó. Además, recordó que, durante la administración anterior de Chica, hubo rumores sobre la prórroga del contrato con Aqualia, sugiriendo que su falta de acción podría estar vinculada a intereses personales.

La indignación de Bertel refleja un creciente malestar en la población de San Antero, que demanda soluciones urgentes tanto a las empresas de servicios públicos como una respuesta efectiva por parte de su alcalde. Los ciudadanos sienten que la falta de acción y la omisión en la gestión de servicios públicos no solo afectan su calidad de vida, sino que también perpetúan un sistema de impunidad que debe ser abordado con urgencia.

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